La hora de la verdad sobre las cajas de ahorro

La que el jueves se pondrá en marcha en Galicia nace con dos lamparones enormes tanto en lo que a la documentación se refiere como en los llamados a declarar. Es lógico, así pues, que hayan saltado muchas alarmas.

La Xunta de Galicia ha impuesto la catalogación de reservados a documentos muy relevantes, sin que se alcance a saber bien por qué, mientras que el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y Novagalicia Banco (NCG) directamente han optado por negarse a enviarlos.

Especialmente llamativo resulta el hermetismo que la Xunta pretende mantener sobre la tristemente famosa "due diligence", al menos así la calificaron entonces, elaborada por KPMG. Es el documento clave de la fusión, el que la ínclita ex conselleira Currás esgrimió como argumento definitivo para imponerla. El propio Feijóo mantuvo en vilo a Galicia sobre su decisión hasta conocerla. Por increíble que parezca, a día de hoy aún no se conoce el texto en base al cual nos hemos jugado el futuro de la columna vertebral del sistema financiero gallego. En su día no se enseñó y ahora se hará en secreto, para que lo vean solo los diputados.

Pero al menos la Xunta lo envía, algo que no hará el Banco de España con documentos tan trascendentes como las actas de inspección a las entidades gallegas ni hará NCG con las actas de los consejos de administración de Caixanova y Caixa Galicia, por poner solo dos ejemplos de los ocultismos más relevantes. Ni tampoco Bruselas, que en el colmo del esperpento dice que lo hace por respetar lo pactado con el Gobierno español y con el banco.

El argumento que esgrimen unos y otros, el de la necesaria confidencialidad, tiene difícil justificación. No se trata de desvelar dato alguno de clientes u operaciones libres de cualquier duda, lógicamente, sino de conocer los estados contables de una y otra entidad en el momento de la fusión y de las operaciones que más quebranto financiero les han causado, es decir, las razones de su hundimiento. Además, qué ¿confidencialidad es necesario guardar respecto a dos entidades que ya no existen?

FARO publicó en su día el contenido de sendas actas de inspección del Banco de España a cada una de las cajas gallegas, efectuadas inmediatamente antes de la fusión, así como las instrucciones dadas por escrito por Jerónimo Martínez Tello, director de Supervisión, a la caja recién fusionada. Esos documentos evidencian las líneas generales que enmarcaron aquella operación. Básicamente, que una de ellas (Caixa Galicia) estaba quebrada y bajo amenaza de intervención inmediata y la otra (Caixanova) no estaba ni lo uno ni lo otro, aunque tenía también problemas. Es decir, que las dos estaban enfermas, pero una estaba en la UVI y la otra en planta, como alguien definió en su día tan acertada como gráficamente. Y evidencia dos cosas más: que el Banco de España nunca creyó en la fusión, aunque, irresponsablemente, la aprobó y legitimó, y que si ésta se llevó finalmente a cabo fue por las presiones de la Xunta.

La Xunta y NCG disponen de esos documentos, así que la negativa del Banco de España a enviarlos no es obstáculo para que la comisión pueda acceder a todos ellos. De hecho FARO va a ponerlos íntegros a disposición de todos los gallegos el mismo día en que arranquen los trabajos de la comisión.

Respecto a la lista de comparecencias, hay aspectos realmente llamativos, como el hecho de que existan aún dudas sobre la presencia del ex gobernador del Banco de España Miguel Angel Fernández Ordóñez -que sí acudió a la comisión creada en Valencia-- y, en cambio, no se hayan escatimado esfuerzos para llevar a declarar a voluntariosos amanuenses consanguíneos o aguerridos tertulianos, por ejemplo.

Sin información contrastada y rigurosa cualquier debate es un juego de aspavientos en el aire. Y en este caso la información en verdad valiosa solo puede proceder de la documentación y los testimonios. Cercenar ambas vías es eso, jugar en el aire. Dar pábulo a las dudas y supuestas maledicencias que apuntan a que todo es un intento de enmascarar lo que está pasando ahora y está a punto de pasar en vez de intentar averiguar lo que pasó entonces. El tiempo lo dirá. La comisión se merece un margen de confianza, aunque solo sea por el gesto de que, finalmente, se haya constituido. Pero es un margen muy, muy estrecho.

Que tengan que ser los políticos quienes dictaminen qué ocurrió tampoco lo amplía, la verdad, pues tienen, aunque en cantidades distintas, buena parte de responsabilidad en lo ocurrido. Es como poner la zorra a cuidar las gallinas, con perdón. Y en este corral ha habido que meter ya 9.500 millones de euros (¡billón y medio de las antiguas pesetas!) que vamos a pagar entre todos.

Los principales responsables de la situación de las cajas son quienes fueron sus gestores y los encargados de supervisarlos, claro está. Pero a una de ellas (Caixanova) no puede imputársele la parte de la desfeita inherente a la fusión porque advirtió de su inviabilidad, por más que haya quien piense que sus gestores en el pecado llevan la penitencia por aceptar gestionar algo en lo que no creían, y puede que no les falte razón.

Aclarar cómo estaba una y otra caja, desvelar los criterios en que se justificó la fusión y explicar por qué fracasó deben ser objetivos prioritarios. Algunas cuestiones son en verdad complejas, otras sumamente sencillas de responder. Si se quiere hacerlo. Por ejemplo: si el éxito de la fusión dependía de la venta de 300 oficinas de la red de Caixa Galicia, como ésta prometió hacer, ¿por qué nunca se realizó esa operación? ¿De dónde procede el monumental desfase del asiento contable de la fusión? ¿Cuáles eran los niveles verdaderos de mora y de provisiones de una y otra? insistimos, los verdaderos. ¿Cuáles fueron los grandes préstamos fallidos, los más relevantes? ¿Se van a enseñar los documentos de la operación Añón? Las millonarias liquidaciones a los exdirectivos son a todas luces inmorales, y más con la que está cayendo, pero ¿son legales como sostiene la actual dirección de NCG? Si son inmorales, lo serán todas, y, lógicamente, más la que sea mayor, ¿no? Entonces, ¿por qué se intenta tapar ésta, la mayor? ¿Tenía Javier García de Paredes derecho a llevarse de una vez el dinero que se llevó?

Queda para el final una pregunta sobre el aspecto más cruel y descarnado de esta triste historia. La mayoría de los tenedores de preferentes y subordinadas fueron estafados en tanto en cuanto que eran, como explicamos en su día, ahorradores inconscientes y no inversores conscientes, aunque, ojo, de éstos también hay. Pero otras entidades financieras que comercializaron esos mismos productos, de hecho prácticamente todas lo hicieron, les han devuelto de una u otra manera la mayor parte del dinero si no todo. ¿Por qué no se prima aquí esa acción a cualquier otra? Ellos, los que hemos dado en llamar preferentistas, y su penoso deambular por las ruas clamando justicia suponen un aldabonazo diario, incesante en la conciencia de Galicia

Quizá respondiendo a esas preguntas lleguemos a comprender qué intereses defendían quienes mintieron a los gallegos al jalear que la fusión era un éxito seguro, y, en consecuencia, que quienes se oponían a ella eran perversos localistas; que solo la fusión garantizaba que Galicia siguiese teniendo cajas, y nos hemos quedado sin ellas; que era la manera de salvaguardar un gran grupo industrial, y nos hemos quedado sin él; que? Para qué seguir.

Y quizá también así, proclamando la verdad, lleguemos de una vez a expiar socialmente entre todos los pecados de este inmenso disparate para centrarnos en lo único que ahora puede tener sentido: luchar por conservar una entidad financiera propia que sea capaz de atender las necesidades de las empresas y las familias gallegas, sin sectarismos ni favoritismos, en la esperanza de que algún día sea también capaz de recuperar la ingente labor social y cultural con la que sus antecesoras tanto y tan bien vertebraron esta tierra.