Hoy existe unanimidad cuando se considera que ha sido una grave injusticia la que se cometió con muchos ahorradores en lo que respeta a la comercialización fraudulenta de las participaciones preferentes, al ofrecer un producto que nunca debió de comercializarse de la manera en que se hizo. Una trama fraudulenta en la que se habrían efectuado una serie de irregularidades sin que todavía se hayan depurado las oportunas responsabilidades.
Algunas de esas graves deficiencias ya se han hecho públicas, reconocidas incluso por la misma entidad, que comercializó productos tóxicos de alto riesgo, y que, a sabiendas de su falta de liquidez e inviabilidad en el mercado, se colocaron entre pequeños ahorradores, sin adoptar los necesarios mecanismos de control y pro- tección al consumidor.
Los socialistas hemos manifestado también nuestra preocupación por el arbitraje, y entendemos la desconfianza de los afectados hacia este proceso. Se ha ralentizado, principalmente después de las elecciones autonómicas, y está afectado por una falta absoluta de transparencia en la resolución de los laudos; propiciando por lo tanto un proceso oscurantista, que ha servido sobre todo a los intereses electorales del Partido Popular.
Por supuesto que hay responsabilidades de los órganos reguladores y de control, donde también estaba presente la propia Xunta de Galicia. Es evidente que no pronosticaron a tiempo la comercialización fraudulenta de estos productos, que, aunque legales desde la época en que fueron aprobados por el gobierno Aznar, fueron comercializados masivamente a pequeños ahorradores, lejos del perfil de aquellas personas con conocimientos suficientes en la materia para adquirir productos financieros complejos.
El Sr. Feijóo, como ha hecho a lo largo de su mandato en otros muchos asuntos, echa balones fuera. Pero no podemos olvidar que fue él quién formó parte de un gobierno gallego en el que se comercializaron una parte sustancial de estos productos y que, antes de 2009, nunca alertó ni se preocupó sobre sus posibles efectos nocivos, pese a afirmar ahora sin rubor que la culpa, como no, es de los socialistas.
Fue Feijóo igualmente quien insistió en lo beneficioso para Galicia de la fusión de las cajas de ahorros, basando sus afirmaciones en el contenido de una auditoría encargada por su Gobierno a la empresa KPMG, que nos costó a los gallegos un millón de euros, y que todavía hoy quienes pagamos desconocemos, ignorando pues también si en esta auditoría se establecía alguna clase de alerta o condicionamiento sobre la cuestión de las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas.
En su desesperada huida hacia ninguna parte, el Sr. Feijóo llega a responsabilizar a la oposición de este expolio; su estrategia habitual, buscar responsables externos para todo. Mientras tanto el gobierno de España ha declinado su responsabilidad de defender a sus ciudadanos frente a Bruselas, y se les infringe un castigo a los depositantes estafados, no a la gran banca a la que se benefició con generosas ayudas públicas. La derecha, como siempre complaciente con el poder, le impone el castigo al más débil y opta por lo más fácil: castigar al ahorrador desprotegido e indefenso.
Se ha constatado más que una mala praxis bancaria, un auténtico engaño, un robo, y se impone la aplicación de quitas y canjes forzosos, sin la autorización debida de sus titulares, ante lo que resulta un verdadero saqueo del ahorro al ciudadano, que en absoluto ha sido responsable de tal descalabro financiero. Nos encontramos ante una verdadera expropiación, que se pretende ejecutar a toda prisa ante la más absoluta pasividad de los gobiernos central y autonómico. En estas circunstancias, ¿qué han hecho Rajoy y Feijóo como presidentes de los ejecutivos de España y Galicia?
Se ha aplicado una verdadera expropiación patrimonial sin fundamentar, sin sopesar siquiera las catastróficas consecuencias que pueden provocar en grupos sociales de ingresos medios y bajos en un contexto de grave crisis económica y social. Un expolio que pretende corregir graves responsabilidades de gestión financiera a costa de los pequeños depositantes y ahorradores.
Se defiende y se reconoce que los ahorros inferiores a 100.000 euros son sagrados y protegidos ¿sólo en Chipre? ¿Y en España, en Galicia? Esta quita es para la inmensa mayoría de los ciudadanos una expoliación en toda regla, creando un clima de inseguridad sobre los depósitos, cuando la inmensa mayoría no tienen el perfil de inversores. Los estafados están armados de razón. Los ciudadanos que actuaron de buena fe no pueden ser los únicos responsables de este engaño colectivo. Feijóo tiene que decir y hacer algo.
*Portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia
