Un implacable grupo de inspectores de Trabajo acaba de castigar con más de 50 millones de pesetas de multa al Ayuntamiento de A Coruña por un pufo que esta institución mantenía, al parecer, con la Seguridad Social. Tal que en la historia del alguacil alguacilado de Quevedo, el consistorio coruñés -multador por naturaleza, como todos- conoce ahora lo que es recibir una multa. Aunque los que la sufran en propia carne y bolsillo sean los contribuyentes que la pagan a escote, por supuesto.
Añade aún más picante a la noticia, ya de por sí quevedesca, el hecho de que el anterior alcalde y fundador de la República Herculina, Francisco Vázquez, pertenezca al mismo Cuerpo de inspectores que ahora ha corregido al corregidor de la ciudad. Incluso habrá quien, puesto a malpensar, se malicie que Vázquez sigue moviendo hilos desde su embajada en el Vaticano: Dios sabe con qué diabólicos propósitos. Hay gente que deja corto a Quevedo en materia de fabulación, como es sabido.
Mal ejemplo dan, en todo caso, ediles tan distraídos como los de A Coruña que hasta se olvidan de abonar unas cuotas -por lo demás, modestas- a la Seguridad Social. Si las empresas decidiesen imitar esa costumbre, mucho es de temer que la caja común de las pensiones y demás subsidios sufriría un grave quebranto.
Bien es verdad que en su caso los inspectores se emplearían aún con mayor severidad que la usada contra el ayuntamiento coruñés. La experiencia sugiere, en efecto, que el Estado suele tratar con mucha menos clemencia a los particulares que a las instituciones: ya sean oficiales, ya oficiosas como -un suponer- los clubes de fútbol.
Cualquier trabajador sujeto a nómina podrá dar fe de la eficacia casi policial de Hacienda cuando, por despiste o no, se le olvide incluir un modesto ingreso de cien o doscientos euros en su declaración de la Renta. En tales ocasiones, el brazo fiscal del Estado deja en pañales al mismísimo Cobrador del Frac.
Es de suponer que algo semejante ocurrirá con aquellas empresas y empleadores autónomos que, víctimas de la desmemoria o bien obligadas por las circunstancias, dejen de pagar las cuotas correspondientes de la Seguridad Social. Si sus diligentes inspectores han logrado pillar en un renuncio de poco más de 300.000 euros a todo un ayuntamiento que es cabeza, guarda, fuerza, llave y antemural del Reino de Galicia, fácil es imaginar la que les espera a aquellos empresarios, mayormente pequeños, que no puedan exhibir esas defensas.
Hay excepciones, claro está. No hace muchos años, un alto cargo del Ministerio de Economía dejó caer medio en broma, medio en serio, que los ricos "de verdad" no suelen cometer la ordinariez de pagar tributos como el vulgo. Tal vez no le faltase razón.
Los millonarios como Dios manda tienen a su disposición varios instrumentos legales como, por ejemplo, las SICAV, para reducir a cifras más bien insignificantes del 1 por ciento la carga de tributos que deben pagar a Hacienda en concepto de Impuesto de Sociedades. El requisito previo consiste, naturalmente, en disponer de unas cuantas decenas o cientos de millones de euros: cantidades que por definición sólo están al alcance de los ricos "de verdad" a los que aludía el alto funcionario antes mentado. Que por algo decía lo que decía, naturalmente.
Otro tanto ocurre con no pocos clubes de fútbol, que tras ser "saneados" -es decir: amnistiados de sus deudas- años atrás, vuelven a acumular ahora cuantiosísimos pufos de decenas de millones de euros con la Seguridad Social y Hacienda. Se conoce que el balompié, institución nacional por excelencia, disfruta de muchos más miramientos en sus tratos con el Estado.
Por comparación, los trescientos y pico mil euros de multa que la SS le ha impuesto al Ayuntamiento de A Coruña son apenas una mera anécdota monetaria. Más les valdría jugar al fútbol a los alguaciles alguacilados.
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