Los ayuntamientos democráticos van a cumplir 29 años de existencia. Pasadas tres décadas desde que se configuraran en la Constitución española como uno de los tres pilares de nuestra estructura territorial, el balance de lo que han aportado a la construcción, modernización y estabilidad democrática así como al desarrollo del Estado de Bienestar, ha sido muy positivo.

Durante todo este tiempo transcurrido han asumido importantes responsabilidades en la prestación de servicios, en la modernización de pueblos y ciudades, en la adaptación a nuevas necesidades y reclamaciones ciudadanas, mediante una profunda diversificación de competencias y una apuesta clara por dar respuestas adaptadas a la complejidad de un mundo que avanza a un ritmo vertiginoso.

Todo este proceso se ha realizado sin contar con una planificación global de recursos entre los tres niveles de la organización del Estado. Esta situación provoca innegables dificultades de financiación a unos ayuntamientos que han tenido que hacer frente a un creciente número de actuaciones, proyectos y servicios que superan con creces sus competencias, pero que era imprescindible realizar.

Es por ello el momento de hacer frente a esta realidad estableciendo un modelo de financiación adecuado a las necesidades reales de los Gobiernos Locales. Habrá que hacerlo desde el análisis riguroso, desde la serenidad y, sobre todo, desde el consenso.

La reforma de la financiación local es una reforma necesaria. Podrían darse muchos datos que lo avalan. Por mencionar sólo uno, es necesario recordar que el incremento de actividades y servicios no obligatorios, las denominadas "competencias impropias" que prestan los ayuntamientos y que corresponden a otras administraciones, supone en torno al 30% del gasto total municipal.

La consecuencia de ello es clara: se necesita un nuevo sistema de financiación que apueste por el equilibrio presupuestario y el equilibrio competencial con la finalidad de que se adecue a las características reales de los municipios.

Ello supondrá la realización de ajustes en la participación en los ingresos del Estado y de las Comunidades Autónomas, así como las revisiones que sean necesarias de los recursos propios.

Sería un profundo error que este debate y su futura solución se realizase desde la confrontación. No es una reforma contra nadie, sino una reforma a favor de una prestación de servicios más eficaz, eficiente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía. Los ayuntamientos, por su proximidad, pueden cumplir mejor que nadie con estos objetivos. Por ello es muy importante que las tres administraciones implicadas establezcan un diálogo fluido basado en el entendimiento y cuyo fin no es otro que completar un modelo de financiación que permita seguir avanzando en el Estado de Bienestar.

Resolver este apasionante reto es responsabilidad de todos, sin exclusiones; desde la confianza mutua y desde los principios de concertación y cooperación que tan buenos resultados nos han dado.

Es el momento de alcanzar un gran Pacto de Estado entre ayuntamientos, CC.AA y Gobierno, y, por supuesto, con el apoyo de todo el arco parlamentario, ahora que nuestro país está haciendo frente a una nueva reforma de la financiación autonómica.

* Portavoz Grupo Socialista del Senado y senadora por Pontevedra.