Empresarios de Cangas compran más de la mitad del emblemático edificio de A Palma

Lleva dos años pendiente de salir a subasta. En los juzgados de Cangas se había preparado todo el expediente para que así fuera, sin embargo, el tiempo pasaba y nunca aparecía en la página de subastas del BOE. Esta semana FARO DE VIGO supo que un grupo de compradores locales había comprado la carga hipotecaria que pesaba sobre el denominado edificio de A Palma, con 81 pisos, entre viviendas, bajos y entreplantas. En su momento la Sociedad de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb), tras del desplome de la sociedad Río Bouzós en el año 2008, con motivo de la gran crisis financiera.

Según distintas fuentes, el número real de viviendas de edificio son 60 y algo más de 40 estaban sin vender y se barajaban unos precios entre 170.000 y 300.000 euros. Son viviendas de un edificio que se levantó en su día para ser emblemático, con áticos de lujo y que se sitúa justo frente al Concello de Cangas. El hecho de que estuviera embargado tal vez era el motivo porque el que no se animaba el mercado.

La noticia saltó a la luz después de que personas que tenían plaza en el garaje subterráneo del edificio vieran pegados en las mismas un cartel donde se informaba que: “Se comunica a todos los inquilinos de las plazas de garaje que los nuevos propietarios van a hacer cargo de inmueble. Por lo cual, en un plazo corto de tiempo, tendrán que abandonar la plaza de garaje. Se llamará a cada inquilino para indicarle cuando debe dejar su plaza libre. Si alguien quiere abandonar la plaza antes deberá entregar el mando en la administración”.

Hay más de 100 plazas de garaje en este inmueble y esta nueva situación puede provocar que numerosas personas se queden sin plaza y tengan que ocupar un espacio en el casco, donde apenas ya hay plazas. La gestión del edificio la lleva Comunidades Morrazo.

Según fuentes técnicas del Concello de Cangas, el edificio de A Palma no tiene abierto ningún expediente urbanístico en contra ni tampoco ninguna sentencia judicial por una presunta infracción urbanística, como se rumoreaba en su momento. Estas mismas fuentes aseguran que la licencia municipal, así como la de primera ocupación aprobada por la junta de gobierno del gobierno en que estaban BNG y PSOE, a finales del mandato 2007-2011.

En el mes de diciembre salió a la luz un movimiento de promotores cangueses dirigido a acabar con el desolado paisaje del ladrillo, cemento y maleza que cubre las edificaciones . Cuenta con la colaboración del Concello de Cangas, que esa preocupado por la salubridad de estos inmuebles que llevan ya más de una década formando parte del paisaje poscrisis financiera, que nunca parece acabarse.

Claro que es un movimiento diferente al que lleva al edificio de A Palma a salir a la luz. En el primero, que lidera la empresa de Rodama, se empezó a recuperar edificios en la avenida de A Coruña, que también estaba en manos de la Sareb. Era edificios en los que había mucho dinero que invertir, hacerlos prácticamene de nuevo, pero que tenían licencia. En el caso de A Palma, a simple vista no parece que exista destrucción de las viviendas en su interior.

En todo este proyecto hay que recordar el propósito del gobierno que hubo en el anterior mandato que había solicitado formalmente a la Sareb que pusiera a disposición del Concello de Cangas las viviendas que tuviese en la localidad. La intención era reformarlas con fondos europeos y así aliviar el mercado de alquiler para jóvenes.

La anulación del PERI, denunciado por Anjara, no supuso la ilegalidad del inmueble

Sí que es cierto que en el año 2008, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló el Plan Especial de Reforma Interior de la finca de A Palma, aprobado en octubre de 2004 cuando era alcalde José Enrique Sotelo (PP). La sentencia es consecuencia de la denuncia presentada por la empresa Anjara, de venta de productos al por mayor, ubicada en dicha unidad de actuación, que entre otros argumentos decía que no se garantizaban los cerca de 40 aparcamientos que exigen la normativa. Pero según las mismas fuentes municipales, este anulación no influye en el edificio que se construyó. La promotora presentó en su momento un proyecto que aseguraba las plazas de aparcamiento en superficie y se vio obligada a cambiarlo a petición del arquitecto municipal. La intención era que figuraba un parking subterráneo de dominio público que después el Concello sacaría a concurso. De hecho, miembros del grupo municipal socialista se desplazaron a Madrid para hablar con altos dirigentes de Costas, donde presentaron su proyecto. En 2008, tras conocer la sentencia, la promotora Río Bouzós se había comprometido a cumplir con lo que exige la norma y construir aparcamientos bien en superficie, bien en tierra y poner así fin al problema surgido a raíz de la sentencia judicial.

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