Concellos que no son dueños de su territorio

Las naves de Ojea, en Cangas; el acceso a la nave náutica de Pescadoira o el arreglo del paseo Agrelo-Portomaior, en Bueu, o la playa de O Con, donde Costas no permite abrir un aparcamiento hecho por el Concello. Los gobiernos locales se sienten incapaces de afrontar obras de lo más necesarias en zonas muy visibles de la villa porque las subvenciones que pueden obtener a través del Plan Concellos para hacer frente a grandes proyectos requiere que el suelo donde se actúe sea de propiedad municipal. Y así el dinero se va a otras obras que no son tan necesarias. Lo comenta bien el alcalde de Bueu, Félix Juncal, que asegura que no puede invertir en las dos principales vias que atraviesan el casco urbano porque son propiedad de la Xunta. “No tenemos capacidad de tomar decisiones sobre el futuro de nuestra ciudad. Hay carreteras propiedad de la Xunta en estado lamentable y nosotros no podemos intervenir. Después está Portos de Galicia. Nos obligan a pasar por taquilla, mientras nosotros mantenemos el territorio sobre el que tienen competencia, sin tener ningún tipo de compensación. Costas y Portos de Galicia se tiran piedras y prefieren dejar todo como está en vez de considerar un proyecto nuestro en Agrelo-Portomaior. Ni comen ni dejan comer. Habría que buscar fórmulas para que los Concellos se vieran beneficiados por esta multiplicidad de administraciones en un territorio”.

El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, señala que el vecino se resiente de la situación actual. La obtención de una licencia en estas zonas que son atravesadas por tantas administraciones suponen un año de media de burocracia, con informes sectoriales que hay que gestionar y pagar. Cangas abona a Portos de Galicia su tasa correspondiente por utilizar la alameda para el mercadillo y no recibe ningún tipo de compensación por urbanizar la zona de su competencia, como en Montero Ríos, donde las licencias para terrazas son vergonzosamente altas. Ni una sola compensación. Además, comenta Antón Iglesias, esas administraciones, como la Autoridad Portuaria o Costas del Estado limitan mucho el uso de ese suelo en caso de cederlo al Concello. Recuerda que, hasta hace poco, alguna obra también necesitaba la licencia oportuna del Espacio Aéreo, por culpa del aeropuerto de Vigo, Peinador. También comenta que conseguir una licencia en Rodeira puede ser una pesadilla, como conseguir otra para arreglar el tejado de una casa que está dentro de Red Natura. Él no esta en desacuerdo con la ley de Costas que pretendía sacar adelante la Xunta de Galicia y que derribó los tribunales. Sin entrar en más profundidades, considera que lo importante es que la administración esté más cerca de los administrados, y que no es lo mismo tener la sede de Costas del Estado (no las delegaciones) en Madrid que en Santiago de Compostela.

En Moaña hay quejas políticas, pero desde el punto de vista técnico se considera que hoy en día se puede hablar de una buena delimitación de suelo, que antes no había. Se considera que estos concellos deberían contar con un organismo que simplifique todo el trabajo burocrático a los vecinos y se insiste en que los Concellos deberían tener más competencia en el suelo que ocupa; no ofrecer la imagen de que el Concello es un okupa. La sensación es, según los políticos consulados, que Costas del Estado está más por obstaculizar que por ayudar y que la Autoridad Portuaria de Vigo está atenta a lo que digan los empresarios, ya que en su suelo es donde se acostumbra a asentar sus empresas, mientras que con los Concellos tienen una actitud distante.

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, quizás por los años en el cargo, es más beligerante con la cuestión, a la que se enfrenta un día sí y otro también, que le impide sacar adelante proyectos importantes para los vecinos y que bloquea al Concello.

Largas batallas en los tribunales de justicia

La Autoridad Portuaria de Vigo llevó el año pasado al Concello de Cangas a los tribunales, pero perdió. El organismo estatal pretendía que fuera el Concello quien se hiciera cargo del mantenimiento del paseo que había hecho. No le importa demasiado a la Autoridad Portuaria a recurrir a los tribunales frente a los concellos, que ven como se achica su territorio y aún por encima tienen que pagar más. Como no le importa a Costas del Estado derribar la naves de Ojea, porque para esta administración carecen del valor arquitectónico. Y no le importan la historia que tiene para los cangueses. La Autoridad Portuaria mantiene en litigio las obra de retirada de un talud sobre la playa de O Cocho, en Moaña. El Concello alegaba que era de Autoridad Portuaria y ésta lo contrario. Al final, el Puerto de Vigo licitó la obra para ejecutarla, pero advierte que le va a pasar el coste el Concello de Moaña. ¿Lei de Costas de Galicia?. Pues a lo mejor también más competencia para los Concellos que, como se puede apreciar se enfrenta a los concellos a golpe de pleito.

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