La operación “Keromán y Samario”, que se desarrolló en O Salnés y el norte de Portugal, y que incluyó el registro de un astillero en Moaña, en O Morrazo, a finales del pasado mes de abril, se inició a raíz de la intervención de un alijo de 1.620 kilos de hachís en el Estrecho de Gibraltar, en enero de 2021. Así lo desvelaron ayer la Guardia Civil y la Policía Nacional en un comunicado conjunto en el que hacen un resumen del operativo, que se saldó con la detención de 18 personas y 14 entradas de registro.
Los investigadores sostienen que la organización desarticulada, y supuestamente comandada por el grovense Francisco Javier Otero Magdalena, se dedicaba a la introducción de hachís marroquí en España a través del Estrecho; a la fabricación y reparación de embarcaciones rápidas, que emplearían tanto para sus alijos como para la cesión a otros grupos; y al transporte de estas lanchas por toda la península Ibérica.
Las investigaciones se iniciaron en enero de 2021, y agentes del EDOA de la Guardia Civil y de la Udyco de la Policía Nacional, radicados en ambos casos en la ciudad de Pontevedra, estallaron la operación en sí durante la madrugada del 26 de abril. Tras los registros, coordinados desde el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cambados, se intervinieron 21 lanchas rápidas (tres en Vilanova de Arousa y 15 en el norte de Portugal, sin que los investigadores especifiquen donde hallaron las demás), 80.000 euros en metálico, la cabeza tractora de un camión, dos remolques, documentación y vehículos.
En el comunicado confirman que en la provincia de Pontevedra se registraron dos naves industriales, donde se incautaron tres embarcaciones de alta velocidad y en Portugal un total de 15. Pero solo aluden al registro de una nave en Vilanova de Arousa, nada señalan sobre los resultados del registro en el astillero de Meira, en donde fue detenido durante dos días su propietario hasta que quedó en libertad, tras declarar en el juzgado de Cambados como investigado en esta trama. Frente a este astillero resultó calcinada el pasado enero una “narcolancha”, con tres motores y cargada con garrafas de combustible suficiente como para una descarga en altamar, de la que no ha trascendido que hubiera detenciones.
Guardia Civil y Policía Nacional explican que en la nave del polígono industrial de Tremoedo (Vilanova) se halló, “un complejo sistema mecánico de elevación del suelo, que permitía acceder a un sótano de unos 300 metros cuadrados, que se encontraba semiinundado”. Según los investigadores, esta dependencia servía, “para ocultar embarcaciones, hacer pruebas de flotabilidad de las mismas y su motorización, así como ocultar alijos”. “A dicho sótano se accedía por una entrada oculta bajo un plato de ducha de un cuarto de baño”.
La mitad de los detenidos en prisión
En el comunicado se señala que la organización, “disponía de personal altamente especializado como mecánicos, constructores de cascos de las embarcaciones, además de camiones y remolques, tanto para uso propio como para otros grupos criminales asentados en España y Portugal”.
La juez de Cambados que coordinó la operación ordenó el ingreso en prisión de nueve de los 18 detenidos, entre ellos el de Otero Magdalena. Para tres de ellos, de todos modos, estableció la posibilidad de eludir la cárcel si abonaban una fianza, comprendida entre los 8.000 y los 20.000 euros. Igualmente decretó la libertad para los 8 restantes –ese día declararon 16– entre los que está el propietario del astillero de Meira, que sigue como investigado.
El primer arresto fue precisamente el del grovense Otero Magdalena, un hombre de 52 años con varios antecedentes por narcotráfico. A todos los investigados se les imputan presuntos delitos de contrabando (por la fabricación de las planeadoras), pertenencia a organización criminal, y contra la salud pública por el tráfico de sustancias que no causan grave daño a la salud.
Se llevaron a cabo una decena de entradas de registro, en poblaciones como Vilanova, Cambados, O Grove, A Illa, Ponteareas, Moaña, Caldas, Barro o A Lama, así como en el distrito portugués de Braga, donde uno de los investigados tenía una empresa dedicada precisamente a la fabricación de embarcaciones. Hay que tener en cuenta que en Portugal todavía no es ilegal la construcción de lanchas como las empleadas para el tráfico de drogas en España, y que esa es precisamente una de las razones por las que los narcotraficantes gallegos están acudiendo al país vecino para montar o esconder sus embarcaciones.
Esta fue la segunda gran redada desarrollada en Galicia en marzo contra organización supuestamente dedicadas a la fabricación de “narcolanchas” para el contrabando.
