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Frente común en Galicia por la pesca con caña

Doce concellos exigen a Portos que de marcha atrás

Campeonato de pesca con caña en O Berbés, en 2015 Marta G. Brea

Los alcaldes y alcaldesas de Moaña, Bueu, Rianxo, A Pobra, Cambados, A Illa, Cariño, Camariñas, Fisterra y Boiro se reunieron ayer para mostrar su rechazo conjunto al convenio presentado por Portos de Galicia a las administraciones locales para pedirles que se impliquen en la vigilancia de los muelles autonómicos de tal forma que se pueda retomar la actividad de la pesca recreativa con caña, prohibida desde la resolución de la presidenta de Portos del 26 de julio del año 2021 y que causó un fuerte malestar entre la gente que practica esta actividad. A estos regidores se unieron por vía telemática, en una cita celebrada en Rianxo, los mandatarios de Sada y Ribadeo. En total son 12 de los 25 concellos afectados los que se niegan a firmar el convenio y reclaman a Portos que se siente a hablar con representantes del colectivo de pescadores con caña “para resolver un conflicto que este órgano creó artificialmente, pues no existían precedentes de problemas”, apuntó el alcalde de Rianxo, Adolfo Muíños.

Como alternativa ante un conflicto que parece encallado, los alcaldes reunidos ayer proponen a Portos regresar “a la situación anterior a la resolución del pasado julio, para permitir que se realice esta actividad tradicional en las mismas condiciones que antes”.

De izquierda a derecha los ediles: Carlos Iglesias (A Illa), Adolfo Muíños (Rianxo), José Ramón Romero (Boiro), Félix Juncal (Bueu), Leticia Santos (Moaña), Sandra Ínsua (Camariñas), Samuel Lago (Cambados), José Miguel Alonso (Cariño), José Luis Piñeiro (A Pobra) y la edil de Camariñas Encarna Liñeiro. Fran G. Sas/D. García

Tras la reunión Muíños, como anfitrión, ejerció de portavoz y señaló que para todos ellos el convenio de cooperación entre Portos y los Concellos para el “auxilio y control de práctica de la pesca deportiva y de ocio en las instalaciones portuarias” es un texto “impuesto, del que tuvimos que enterarnos por la prensa e innecesario, al no necesitar de los concellos para resolver un problema que creó el propio Portos de Galicia”. Entienden además, las cabezas de 12 gobiernos locales, que se trata de un convenio “ilegal desde el punto de vista competencial, y además de nuestra falta de competencia en terrenos portuarios, tampoco tenemos capacidad de cumplir con las obligaciones que se nos impone”. Añadió, el regidor de Rianxo, que “no tenemos por qué adquirir responsabilidades de tipo patrimonial e incluso penal que no nos corresponden”.

Prometieron trasladar la situación a la ejecutiva de la Federación de Municipios (Fegamp) para que “tome conciencia de la situación y traslade nuestro posicionamiento al resto de ayuntamientos afectados”.

Añade que debe ser Portos “el que resuelva el problema que creó a través del diálogo con el sector”. De todas formas aseguran que seguirán trabajando conjuntamente “en el resto de cuestiones relacionadas con Portos, ya que todos los reunidos tenemos vocación de continuidad”.

Este mismo lunes la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, se reunió con representantes de los pescadores en Moaña. Manifestó ya entonces que no iba a firmar el convenio y adelantó que buscaría la unión de más concellos afectados.

En los últimos meses se celebraron varias concentraciones en O Morrazo de pescadores de caña, que los regidores alegan “defender porque se trata de una actividad tradicional y deben ser escuchados”.

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, también mantuvo contactos en los últimos días con pescadores de la localidad y se mostró totalmente en contra de “una decisión unilateral y totalmente arbitraria” por parte de Portos de Galicia. “Aplica unos criterios para unos puertos y municipios sin que nos queden claran las razones. Por eso lo que pedimos es que deje las cosas como estaban y que la gente pueda seguir pescando”, defiende el regidor bueués.

Al igual que sus homólogos, Félix Juncal sostiene que para los ayuntamientos es “inasumible” el convenio que se les plantea por parte del ente público porque en caso de algún tipo de problema puede derivar en “responsabilidades patrimoniales o incluso penales” para los Concellos.

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