La situación sanitaria enfrenta a bipartito y oposición, pero reclaman juntos ante la Xunta
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Ediles del bipartito en una de las votaciones. | GONZALO NÚÑEZ / Fran G. Sas
El primer pleno de 2022 de la corporación de Moaña dejó un intenso debate, con duros reproches, en la moción de la Mesa da Sanidade para exigir al Sergas la restitución del servicio de urgencias centralizado en Cangas desde abril de 2020, el refuerzo de las ambulancias con un nuevo vehículo y la reposición del personal médico que se marchó en el reciente concurso de traslados y que dejó, desde hace dos meses, a 1.800 vecinos de la villa sin doctor de cabecera. Una vez más el bipartito, BNG y PSOE, logró sumar el apoyo de los votos de la oposición -PP y XM- para presentar estas reclamaciones con más fuerza ante la Consellería de Sanidade.
Eso sí, el debate fue tenso. Javier Carro, de XM, acusó al Concello de mantener algunas vías sin posibilidad de acceso de las ambulancias y Vicente Verdeal, del PP, criticó el “ruido” que genera sobre este asunto el gobierno local y aseguró que el PP local “trabaja de forma silenciosa para intentar resolver los problemas de la sanidad”. Verdeal intentó incluir tres puntos de acuerdo para requerir a Xunta y Concello que se agilice el futuro centro de salud, para incrementar las plazas de médicos y para apoyar el plan gallego de atención primaria.
Fueron rechazadas de plano por PSOE y BNG, que acusaron a ese plan del gobierno autonómico de “buscar derivar a la población a la sanidad privada”. La alcaldesa, Leticia Santos, puso en cuestión la gestión de la pandemia por parte de la Xunta achacando los buenos datos “al sacrificio del personal sanitario que ahora se encuentra saturado”. Santos llegó a acusar al PP de “negacionistas de la situación sanitaria de Moaña”, lo que creó mucho malestar entre la oposición.
Pese a todo, los cuatro grupos votaron a favor de las exigencias que la Mesa da Sanidade mantiene con concentraciones semanales desde comienzos de diciembre.
La sesión también sirvió para que Moaña se adhiriese al nuevo sistema provincial de control del padrón municipal. Pasa de ser gratuito a un coste anual de 1.700 euros. El ejecutivo local defiende que es mucho más barato que pagar un programa de uso propio.
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