Afectados por los derribos de la APLU dicen que “vamos a ir por la vía judicial y a hacer mucho ruido”

Este colectivo que anunció en la reunión que tiene pensado entablar una batalla jurídica y hacer todo el ruido que pueda, considera que los políticos, a través del Plan Xeral, tienen la posibilidad de frenar los derribos. El Plan se antoja imprescindible para que sea posible. No hay que olvidar que la Transitoria 1ª de la Ley de Costas permitía rebajar la línea de protección del dominio público marítimo terrestre de 100 a 20 metros siempre que en el ordenamiento urbanístico aparecieran estas zonas como pertenecientes a un núcleo costero. De hecho, la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), hacía mención precisamente a que los 9 núcleos que pretendía regularizar el Concello de Cangas no figuraban en el planeamiento urbanístico actual. El citado fallo judicial es consecuencia de la demanda interpuesta por el Concello ante la negativa de Ministerio de Transición Ecológica (antes de Medio Ambiente) de aprobar la regularización de los citados núcleos costeros propuestos (Rodeira I, Rodeira II, Santa Marta, Liméns, Areabrava, Arneles-Vilariño, Espiñeira, Francón y Menduiña). Desde este colectivo se apura a los políticos locales para que aprueben un Plan Xeral donde se recojan estos núcleos. De hecho, en el actual borrador del citado documento tampoco estos núcleos costeros, contradiciendo las intenciones del gobierno local con la realidad. La fórmula escogida por el Concello de Cangas para la regularización de los núcleos costeros es la otra opción que dejaba la famosa Transitoria 1, la de los dos tercios de consolidación del suelo El Ministerio de Medio Ambiente consideró que “en relación a la justificación del grado de consolidación de la edificación se ha aportado listados de la parcelas consolidadas por la edificación del año 1986, indicando su superficie así como su documento gráfico en el que se sombrean las edificaciones existentes en dicha fecha, tomando como referencia el vuelo de 1981. ..El grado de consolidación por la edificación no puede considerarse válido, ya que los ámbitos sobre los que se realiza no cumplen el requisito de corresponder a un ámbito delimitado en unas normas”.

Desde el citado colectivo se recuerda que el Concello de Vilaboa logró frenar las demoliciones a la espera de la aprobación del Plan Xeral. Ese es el paso que quieren los afectados, que de el Concello de Cangas incluya los mencionados 9 núcleos en el PXOM que lleva ya seis años redactándose, sin que hay intención alguna de que se lleve, de momento, al pleno.

Estos afectados afirman que un tanto por ciento muy alto de las casas “ilegales” están situadas a más de 100 metros de la costa, incluso a 800 metros de distancia y que el hecho de ser consideradas ilegales obedece a su situación respecto al río que pasa por Nerga. “Sin embargo, Aguas de Galicia no dice nada”. Para sorpresa de todos, nos dicen que en O Hío hay casas con fincas que están en régimen de concesión. Por el estudio realizado en su momento por el Concello en el último gobierno de José Enrique Sotelo (PP) , la legalidad de 92 edificaciones dependía de la regularización de los núcleos costeros.

“El 90% de las casas damnificadas para nada estropean la vida en el litoral”

Las primeras investigaciones realizadas por el grupo municipal del Partido Popular respecto a las tres casas de Nerga, que sí contaban con licencia municipal, dejan claro que están situadas dentro de la línea de protección de Costas. Fue sencillo averiguarlo. Bastó con meter la referencia catastral en un programa que tiene la Xunta de Galicia y las situaban a menos de 30 metros de la costa. La gran pregunta es cómo el Concello pudo conceder licencia municipal en algo que estaba tan claro. Y quién aseguró a los habitantes de las las citadas viviendas que su casa está fuera de la línea de protección. Es en lo que trabaja ahora el PP en dirimir responsabilidades éticas, aunque las legales ya prescribieran, tanto para el Concello como paralos profesionales. Ahora las fincas están totalmente controladas. La administración exige que las fincas vayan con georeferenciadas con coordenadas Gps. Todo está muy difícil y la postura de la APLU es clara: aplicar la norma. También dice que cada caso es diferente, pero que las investigaciones que se realizan son muy rigurosas, lo que hace que las actuaciones informativas se prolonguen durante meses. El colectivo de afectados por los derribos está ahora mismo recogiendo firmas y en septiembre tiene pensando contratar a un abogado. Se insiste en que el 90% de estas casas para nada estropean la vida en el litoral y que la mayoría son casas “de primera división”, comentan en alusión a que muchas podrían se chabolas. “Las puede haber, no decimos que no. Pero que se les exija lo que se les tiene que exigir a sus propietarios”.