La conselleira do Mar, Rosa Quintana, visitó esta mañana a las mariscadoras a pie de Moaña, a los representantes de la cofradía de pescadores y del gobierno local para trasladar un mensaje de "tranquilidad" ante el recurso contencioso-administrativo presentado por el Ministerio de Transición Ecológica contra el Plan General de Explotación Marisquera 2021-2023. Quintana aseguró que "Galicia va a seguir defendiendo esta actividad y sus competencias exclusivas en materia de actividad marisquera". Mostró su "perplejidad" por la postura del Gobierno central "que se saca ahora de la manga el requisito de exigir un informe de la Dirección General de la Costa y el Mar", cuando el plan "no otorga zonas de explotación ni en régimen de autorización ni de concesión y se limita a recoger el conjunto de normas u directrices destinadas a regular la explotación sostenible de los recursos marisqueros". Aunque se muestra confiada en que la Xunta se imponga ante la justicia, Rosa Quintana acusa a la ministra Teresa Ribera de poner en riesgo el trabajo de unas 9.000 personas que en Galicia se dedican al marisqueo a pie o a flote. "Si la justicia suprime el plan de explotación el escenario sería muy complicado. No habría ninguna norma que regule la actividad de los profesionales que se dedican al marisqueo y, por lo tanto, no se podría realizar esta actividad".

Esta situación tienen en alerta máxima al sector, como reconoce la presidenta de las mariscadoras de Moaña, Mª Dolores Álvarez: "Nos asustamos mucho cuando estalló la noticia. Esperamos que esto no vaya a más, porque los planes de explotación son nuestra constitución. Es por lo que regulamos los tamaños, cupos, días de trabajo... todo. Sería un problema enorme que se suspendiera. No sé a que se debe el recurso presentado. Nos parece increíble lo que está pasando", lamenta.

Rosa Quintana entiende, de todas formas, que a la Xunta le avala "la historia y el Estatuto de Autonomía, que nos otorga competencias exclusivas en pesca, marisqueo y acuicultura". En este sentido, su departamento esgrimirá ante la justicia que en el año 2008 se aprobó la Lei de Pesca de Galicia, que establece la regulación del sector marisquero a través de planes de explotación "sin que fuese recurrida por nadie". Lo mismo ocurrió el año pasado con el decreto sobre las actividades de las mariscadoras. Para la conselleira, la maniobra judicial del Gobierno central solo puede deberse a "un error confundiendo el otorgamiento de concesiones o al desconocimiento", de ahí que confía en que el tribunal le dará la razón. Quintana aseguró también en Moaña que la intención de la Xunta estuvo en lograr un acuerdo extrajudicial. "El presidente, Alberto Núñez Feijóo, se desplazó a Madrid para dialogar con la ministra y ésta le reconoció que no sabía nada de ese recurso y que nos respondería al respecto, pero pasaron los días, no obtuvimos respuesta, y nos encontramos con el recurso contencioso", lamenta. Esgrime también que desde 1991 Galicia regula su marisqueo a través de planes de explotación sin que se solicitase el mencionado informe en ninguna ocasión.