El grupo municipal del PP que encabeza José Enrique Sotelo denuncia ante el Consello de Contas la Cuenta General del año 2019. Además, Sotelo no descarta llevar ante la Fiscalía a la Alcaldía y al concejal de Facenda, Mariano Abalo. El PP señala que a pesar de la advertencias realizadas por el interventor municipal con 144 órdenes de reparo suspensivos en el año 2017, lo que supone en 45% del gasto del Concello; en el año 2018 fueron 196(0,54%), en 2019 fueron 331 los reparos suspensivos por la cantidad de 8.267.251 euros, de un gasto total de 17. 528.388 euros, lo que supone el 47,16%. El PP asegura que esta situación, lejos de frenar se incrementa año a año, tal y como demuestran los datos.
El PP destaca que curiosamente las facturas que son objeto de reparo son mayoritariamente las de las mismas empresas por contratos menores que, como señala textualmente el informe de Intervención: “resultando presumible la existencia de un fraccionamiento en el objeto del contrato. De hecho, tal y como se pone de manifiesto por esta Intervención, se superan los límites de contratación menor, tanto por la cuantía como por la duración, según los casos”.
Para los populares se trata de un fraude de ley grave que sistemáticamente se repite, cuestión que motivó nuestra petición delante del Concello de Cuentas el 11 de marzo de este año, para que se revisen y se fiscalicen las citadas cuentas y se adopten las medias legales que correspondan “para poner final a esta situación de anarquía económica a la que se lleva a este Concello y que en la actualidad tiene graves consecuencias como ese millonario remanente negativo de tesorería de 2,8 millones de euros, a pesar de recaudar más que nunca. Seguimos denunciando que en la historia del Concello de Cangas nunca se hizo tan poco gastando más que nunca y, aun por enciman, al margen de la ley”.
El PP pide al Consello de Cuentas que exija al Concello de Cangas las correspondientes medidas correctoras y valora la presentar la documentación ante la Fiscalía para que tome medidas contra la Alcaldía y el concejal de Facenda, “por el permanente fraude de ley que se produce con los contratos menores”.
También aporta el PP documentación estadística sobre los remanentes de tesorería desde el año 2016. En ese año el remanente era de 2.076.665,51 euros; en 2017 ascendía a 2.602.959,20 euros; en 2018 fue de -430.177,43 euros y en 2019, -1.233.302,10 euros.
El gobierno siempre defendió que los contratos menores eran culpa del Plan de Ajuste, que impedía realizar contrataciones de personal por lo que condenaba a los concellos a contratar a empresas. Además recordó en varias ocasiones que con el PP también se producía un elevado número de reparos suspensivos. El concejal de Facenda, Mariano Abalo, manifestó en el último pleno que el importe del reconocimiento extrajudicial de deuda había descendido notablemente.
