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La industria del mar alerta del daño ecológico que implica el plan del Gobierno para abandonar la costa

Los productores de mejillón también se verían afectados si se pierden industrias como los cocederos. | // GONZALO NÚÑEZ

Los representantes de la industria ligada al mar como cocederos de moluscos, depuradoras de marisco o plantas de acuicultura aceleran sus pasos para tratar de frenar in extremis el polémico artículo 18 de la Ley para el Cambio Climático y la Transición Energética que pretende aprobar el Gobierno central y que presumiblemente irá al pleno del Congreso a comienzos del mes de abril. Al menos tres empresas de la comarca se verían gravemente afectadas por tener parte de sus instalaciones en terrenos de Costas del Estado. Se trata de la depuradora de Cabo de Cruz, en Beluso; del cocedero de mejillón de Aldán y de la piscifactoría de Nerga. Desde la Confederación Sectorial Mar-Industria alertan de que puede haber incluso más empresas afectadas “porque la intención de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, es sacar del litoral a toda la industria que toque de algún modo con terrenos de dominio público de Costas”, apunta el presidente de Agade (Asociación Galega de Empresarios Depuradores de Moluscos), Roberto Fariña.

En este sentido, y antes de plantear movilizaciones, buscan atraer apoyos dentro de los grupos del Congreso para intentar modificar el polémico artículo y que considere una excepción al sector industrial ligado al mar. “Se trata de un proyecto legislativo sin sentido en Galicia. Nadie se lo podía imaginar y desde que empezó la tramitación en el año 2018 está haciendo mucho daño, pues tiene paralizadas las inversiones, ralentizando a todo el sector y permitiendo que parte del mercado lo copen empresas de otros países”, lamentan.

En este sentido, además de considerar que la ley extralimita sus competencias “porque el litoral debe regularse a través de una Ley de Costas”, insisten en que el impacto ecológico de cumplir con lo que propone el Gobierno y llevar toda la industria del litoral hacia polígonos industriales sería muy grande. “Sería algo contraproducente para el medio ambiente”. Recuerdan que el consumo de agua de un cocedero de marisco, por ejemplo, es mayor que el de un municipio entero . “Pero es una actividad sin emisiones contaminantes, que recoge agua del mar, la decanta, la depura y la devuelve al mar con controles muy estrictos”, subraya Fariña.

Operar en el litoral es la salida más viable para este tipo de actividades. Desplazarse a un polígono implicaría transportar el agua con camiones cisterna hasta las naves, enfriarla, y una vez depurada devolverla en camiones al mar de nuevo, “lo que tendría un impacto ecológico mucho más grande”.

En comisión, la modificación del artículo 18 consiguió 16 votos a favor por 19 en contra. PP, VOX, PNV y Ciudadanos apoyan las reclamaciones del sector, que también tienen comprometido el voto del BNG, tal y como anunciaron ayer en Moaña los nacionalistas. El sector lamenta que “PSOE y Podemos no quieran acceder a modificar este artículo”. Así las cosas, en los próximos días mantendrán reuniones con Más País, Teruel Existe y Bildu para intentar frenar las intenciones del Gobierno antes de tener que lamentar la aprobación del polémico artículo. En este sentido, esperan que el BNG consiga sumar a la causa el apoyo del resto del Grupo Plural. Lamentan, desde esta industria, “que el PSdeG no responda a nuestras solicitudes de reunión”, y recuerdan que sí pueden reunirse con formaciones como Teruel Existe, que en principio no tendría intereses directos en su causa.

Mientras países como Reino Unido trabajan por potenciar la industria ligada al mar, desde la confederación lamentan que en España se esté frenando un sector del que Galicia es la clara potencia en toda Europa. Recuerdan que estas industrias “generan empleo, ayudan a desarrollar las economías costeras, contribuyen al reto demográfico y sobre todo apuestan por personal muy cualificado como biólogos, al tener laboratorios que son punteros en Europa”.

Además de las empresas que se verían afectadas directamente si sale adelante el proyecto legislativo con su actual redacción, se verían dañadas empresas auxiliares encargadas de las instalaciones “y que llevan décadas de desarrollo en Galicia”. Esto afectaría incluso al sector productivo como los bateeiros. “Solo con cerrar un cocedero de mejillón en Galicia, estaríamos afectando a un 20% de la producción de mejillón en nuestras bateas”, advierten.

La depuradora de moluscos de Beluso. | // GONZALO NÚÑEZ

“Irse a un polígono industrial sería un sinsentido”

Una de las instalaciones afectadas en O Morrazo por la Ley de Cambio Climático es la depuradora de moluscos situada en Beluso, que es propiedad de la Asociación de Productores Mejilloneros Cabo de Cruz (Asmecruz). La industria en sí misma está fuera del dominio público marítimo-terrestre, pero la “entrenave” o zona de carga y descarga sí que se encuentra en esa tesitura. Pero lo más importante son las tuberías para recoger y devolver agua del mar, que están en el dominio público. “Es un circuito abierto, que está constantemente bombeando para la entrada y salida de agua marina y para eso obviamente hay que estar al lado del mar”, explican desde la fábrica de Bueu. En el caso de que tuviesen que dejar su actual ubicación, en la zona de A Roiba, la única alternativa sería trasladarse a un polígono industrial y operar con un circuito cerrado, empleando camiones cisterna para el suministro y retirada del agua de las piscinas. “Irse a un polígono industrial sería un sinsentido”, aseguran. La depuradora de Beluso ocupa una superficie de 3.000 metros cuadrados y fue adquirida por Asmecruz en el año 1986. Durante los momentos de mayor carga de trabajo y demanda de producto da trabajo a unas 40 personas. En su interior hay cuatro piscinas que tratan moluscos con un circuito abierto con agua del mar y que es capaz de depurar casi 229.000 kilos cada 15 horas. La prórroga de las concesiones para operar en el dominio público marítimo-terrestre son por 20 años y sus responsables confían en que finalmente el Gobierno acabe rectificando el controvertido artículo 18 de la Ley do Cambio Climático. Estas instalaciones cuentan además desde el año 2012 con un moderno laboratorio de seguridad alimentaria, que cada año realiza más de 6.000 analíticas y colabora con la Consellería de Sanidade y otros organismos internacionales en múltiples investigaciones.

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