“Estamos toda la semana a dos velas, esperando al viernes para hacer caja, y cuando llega nos atrancan las puertas a los clientes”, se quejan varias pescaderas y fruteras de la plaza de abastos de Cangas, muy enfadadas por los controles de acceso realizados ayer por la Policía Local para hacer cumplir la normativa anti-COVID decretada por la Xunta, y en especial la limitación de aforos. La medida derivó en colas de clientes a media mañana en la puerta de acceso desde la Alameda Vella, donde se instala el mercadillo ambulante, y quejas más sonadas por parte de las profesionales que de los clientes. Entre estos hay quienes la ven “excesiva, porque debe mantenerse la actividad”, como señala Carmen Abalde, y también quien se quejó de que los agentes le “pidieran el DNI por si venía a comprar desde otro municipio”. Otros opinan que “hay que poner freno a los desmadres porque sin salud no hay economía que valga”, en palabras de Maruja y Antonio, una veterana pareja que no ve reparos en “esperar a que salga alguna gente para entrar”. Un profesional de la hostelería recordó que ellos acumulan “varios meses parados y sin ingresos” debido a la pandemia y cree que la limitación de aforos solo es “un mal menor”.
Aunque la normativa es autonómica, el Concello se encargó de señalizar un circuito interior con flechas amarillas para organizar el tránsito de clientes y de colocar carteles informativos en las puertas de acceso con el aforo permitido: 67 personas en el edificio principal y 31 en el anexo conocido como “praza pequena”. La norma se cumplió con cierta “manga ancha”, señalan, aunque sin permitir aglomeraciones. También se cerraron las dos puertas que miran al mar para facilitar el control por parte de agentes de la Policía Local y de cuatro conserjes, varios de los cuales se quejaron de la “desconsideración, e incluso insultos” que recibieron de personas afectadas por las restricciones.
En la plaza de abastos se personaron también la teniente de alcalde, Sagrario Martínez, acompañada del jefe de la Policía Local, Alberto Agulla, y un veterinario de la Consellería de Sanidade, quienes advirtieron que la normativa está para cumplirse, que de lo que se trata es de evitar la transmisión del virus y frenar la pandemia y que la detección de algún contagio en las instalaciones municipales obligaría a cerrarlas y ponerlas en cuarentena, con los correspondientes perjuicios para todos los implicados.
