La Mancomunidade de Montes do Morrazo –que aglutina a 14 comunidades de toda la comarca– ha reclamado a las autoridades competentes la adopción de medidas contra la circulación indebida por el monte de vehículos a motor. El colectivo ha hecho un llamamiento a las mancomunidades del sur de Pontevedra y de Vigo para adoptar un frente común ante esta problemática y para reunirse con la Vicepresidencia de la Xunta de Galicia y con las consellerías implicadas (Medio Ambiente, Deportes, Seguridade) a fin de encontrar una solución.

La Mancomunidade asegura que es momento de actuar ante lo que considera “un problema de seguridad pública y un delito medioambiental flagrante”. Asimismo, pide también una reunión con la Fiscalía de Medio Ambiente de Galicia para abordar la misma problemática, así como establecer una agenda de actos de sensibilización pública acerca de estas prácticas que se sitúan al margen de la ley.

El colectivo morracense ha salido a la palestra ante la reciente condena a comuneros en Vigo por el atropello de una persona por un quad que circulaba por sus terrenos. En este sentido apela a la Lei de Montes de Galicia, que contempla que la realización de actos en el monte, incluidos los deportivos de motor, o de actividades relacionadas con el tránsito motorizado, debe estar recogida reglamentariamente y contar con la preceptiva autorización. Así, la circulación de estos vehículos por pistas forestales que no sean de uso público o por senderos vinculados a la gestión agroforestal o a la prevención y defensa contra los incendios forestales son susceptibles de sanción. “La ley está muy clara y queremos que se cumpla”, afirman.

La Mancomunidade de Montes do Morrazo asegura llevar tiempo trabajando para concienciar a la ciudadanía en esta dirección y para buscar “una solución definitiva y de futuro a las prácticas ilegales que se están produciendo con el tránsito de vehículos a motor por los montes comunales”. Esta situación, manifiestan desde el colectivo, supone causar “perjuicios de alto impacto ecológico”, como daños en zonas de plantaciones, impacto en ecosistemas sensibles o contaminación por emisión de gases y ruidos, entre otros. También alertan del elevado riesgo de accidentes, tanto para paseantes como para los propios pilotos, y del posible daño al patrimonio histórico, formado por mámoas, petroglifos o caminos tradicionales.