La liquidación del presupuesto de 2020 del Concello de Bueu aún no está concluida, pero los técnicos municipales ya han adelantado al gobierno local que con toda probabilidad este año habrá remanente negativo de tesorería y que podría situarse en el entorno de los 50.000 euros. Si finalmente se confirma este extremo se rompería una tendencia de tres años consecutivos en los que el remanente fue positivo lo que, entre otras cosas, permitió al ayuntamiento amortizar anticipadamente el crédito del plan de pagos a proveedores. Desde la Concellería de Facenda atribuyen esta situación a dos razones: los gastos ocasionados por la pandemia del COVID-19 y a los servicios que entienden que son de competencia autonómica, pero que se prestan desde el Concello.

El vicealcalde y edil de Facenda, Julio Villanueva, explica que durante el año pasado fue necesario realizar transferencias de crédito y aumentar el gasto en conceptos como la limpieza y desinfección de edificios públicos, como el centro de salud, los colegios y la guardería municipal, así como en la compra de material como mascarillas y gel hidroalcohólico. Villanueva insiste en que algunos de los desembolsos en los que incurrió el Concello se refieren a servicios que son de competencia autonómica y en este sentido avanza que desde el gobierno local se está intentando transferir la propiedad del centro de salud a la propia Consellería de Sanidade para que asuma todos los gastos relacionados con su conservación y mantenimiento.

El otro frente que tiene abierto el ayuntamiento es el del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que está en fase de licitación y pendiente de que se publiquen los anuncios oficiales. “Tuvimos que afrontar un aumento de usuarios y de costes. La Xunta solo nos dice que ofertemos más horas, pero sin aumentar el dinero que aporta para costear un servicio que deberían prestar ellos”, lamenta el vicealcalde. Desde la administración autonómica aportan 9 euros por cada hora de trabajo y el resto, hasta cerca de los 15 euros, sale de las arcas municipales, y por ello el vicealcalde reclama un aumento en la aportación para hacer frente a un servicio básico.

La única consecuencia de positiva con el cambio de signo en el remanente es que a su vez conlleva una reducción en la conocida como “cuenta 43”, que se refiere a las obligaciones pendientes de pago. En 2020 fue necesario aprobar expedientes de reconocimiento extrajudicial de deuda por valor de 600.000 euros y este año se espera que sean por la mitad. El primero irá a pleno en marzo por una cuantía de 183.000 euros.