Integrada en la directiva de la Asociación de Profesionais dos Centros de Información á Muller de Galicia (Asocim), Montserrat González decidió dar el paso y asumir la presidencia del colectivo el pasado mes de febrero, prácticamente sin tiempo de prepararse para lo que vendría tan solo un mes más tarde, el decreto del estado de alarma.
- Ha cogido el mando de la asociación justo en el momento más complicado, con el estallido de la pandemia de la Covid-19.
- Lo he pensado muchas veces. Me ha tocado vivir quizás el momento más complicado históricamente, porque ¿cuándo nos había pasado algo parecido a esta generación? Fueron días duros, de mucha incertidumbre en los CIM, de no saber cómo trabajar, cómo poder atender a la gente. El problema principal fue la acogida de las víctimas de violencia de género, porque no había plazas disponibles. Fui elegida el 15 de febrero y ni siquiera tuve un mes de "paz".
- Coincidieron un aumento de los casos a atender y un sistema que no estaba preparado para dar respuesta a lo que se le venía encima.
- No, no estábamos preparados para esto. La violencia contra la mujer sigue siendo desconocida, porque si no se está en la tragedia y el drama del día a día es fácil olvidarse. Se piensa que son casos aislados, pero imaginemos que todas esas víctimas son de una profesión concreta, abogados o médicos... ¿Hablaríamos de casos aislados? ¿Se invierte lo necesario por parte de todas las administraciones? Pues no, ha habido mujeres que han tenido que pasar el confinamiento con sus agresores sin poder salir de sus casas. Y hay muchos más casos de lo que parece.
- ¿No resultaba frustrante no poder dar soluciones?
- Fue muy duro porque a una mujer, si ya en circunstancias normales le cuesta dar el paso y denunciar, ¿cómo iba a hacerlo en estos momentos en los que apenas se podía salir a la calle? En Italia sacaron unas estadísticas de la Fiscalía y se detectó que la mujer se sometía hasta que acabó el confinamiento y pudo denunciar.
- A nivel judicial se quejaron de cierta inacción.
- El decreto del estado de alarma dejó claro dónde había que actuar y dónde no, y los temas penales se mantuvieron. Las denuncias por malos tratos sí iban a juicio porque iban por lo penal. El problema surgió en el régimen de visitas de los menores acordado en los divorcios. Ahí hubo un desajuste porque se le dio libertad de actuación a cada juzgado, y en Vigo, por ejemplo, remitían a que los padres se pusieran de acuerdo. Nosotros nos oponíamos porque el virus es para todos y el interés de los menores tiene que estar por encima de los padres. En Ourense o Gijón se suspendió el régimen de visitas durante la pandemia, que era lo más sensato.
- Antes de la pandemia había problemas con listas de espera. ¿Cómo está la situación tras el desconfinamiento?
- En algunos centros hemos vuelto a la normalidad, pero no es lo mismo Bueu que Cangas o Marín, que tienen el doble de población. Y en ciudades hubo compañeros que estuvieron atendiendo telefónicamente casi todo el día. Ahora poco a poco se está volviendo al trabajo presencial, pero te encuentras primero las listas de espera, luego una avalancha y dar citas. Eso no es dar un servicio de calidad. Llevamos demandando desde hace años que los 82 CIM que hay en Galicia no son suficientes. A Coruña y Pontevedra están bien dotados, pero hay un déficit en Ourense y Lugo, que son áreas rurales, dispersas, con amplias zonas sin atención. Y ahí las mujeres deben desplazarse, si saben que existe este servicio y si tienen a alguien para llevarlas.
