"Nos parece que el Concello de Cangas, al contrario que otros de la comarca, ha mostrado una actitud insolidaria e irresponsable, pues el Servicio de Ayuda a Domicilio es de titularidad pública y, como tal, ha de asumir responsabilidades", señalan los representantes de Idades S.L., empresa que presta el servicio, ante el anuncio municipal de restringirlo por falta de medios para prevenir contagios. "Ni se han dignado a preguntar qué necesitamos y en qué pueden ayudar, como sí lo han hecho otros concellos de la comarca, al igual que trabajadoras de la empresa y personas altruistas que han aportado mascarillas y materiales que podrían servirnos de ayuda", añaden.

En nombre de la compañía, Elvira Somoza explica que el sector de ayuda a domicilio "no está equiparado a los servicios de atención sanitaria", por lo que sus proveedores habituales no les sirven material de ese tipo, como mascarillas, dadas las circunstancias actuales; "a ello hay que sumar un problema de desabastecimiento, pues en muchos centros de salud están trabajando sin mascarillas".

Argumenta que los EPIs (equipos de protección individual) que proporciona Idades "son los que habitualmente se utilizan, guantes y batas, las que las auxiliares necesiten, sin límite", y que cuando se presentaron al concurso, hace dos años, no preveían "que daría una situación tan excepcional como ésta, por lo que la provisión de EPIs se ha hecho pensando en una circunstancia de normalidad".

Recuerda que la OMS "recomienda usar mascarillas cuando hay infección o sospecha; aún así, enviamos hace dos días un escrito al Concello explicando la situación para que nos ayude en la provisión de EPIs que protejan frente al coronavirus y no nos han contestado más que a través de este medio culpándonos de la situación".

Irresponsabilidad

Les parece "una irresponsabilidad política estar buscando culpables en una situación tan excepcional", en lugar de aunar fuerzas y alternativas para dar soluciones a los problemas, y recalcan que "en general el equipo de auxiliares de ayuda a domicilio se siente abandonado por las administraciones, por no equipararlas al personal sanitario cuando están atendiendo a personas en riesgo".