El BNG de Cangas, Moaña y Bueu mantendrá un mismo posicionamiento en la Mancomunidade de Municipios de O Morrazo respecto al futuro de la recogida de la basura, tras conocer que Urbaser se había hecho con el contrato que tenía Recolte prorrogado. El BNG quiere recuperar el servicio, es decir gestionarlo directamente desde la Mancomunidade. La portavoz del BNG de Cangas y responsable Institucional del BNG del Morrazo, Mercedes Giráldez señala que es el momento de valorar esta recuperación, estudiar la viabilidad técnica, económica y jurídica con el aval de los técnicos del ente supramunicipal y continuar con la apuesta del BNG de mejora de la gestión del servicio, con un modelo más económico, ecológico y medio ambientalmente sostenible, un modelo de gestión basado en las tres "R2 (reducir, reutilizar y reciclar), además del impulso al compostaje. Según Mercedes Giráldez, el compostaje está demostrando que es una alternativa efectiva, frente al modelo del Partido Popular: la incineración, que el BNG considera ineficaz, agotado y contaminante.
La recuperación del servicio es difícil sin salirse del plan de ajuste al que está sometido también la Mancomunidad de Municipios de O Morrazo. La intervención del Estado hace que esta entidad y los municipios que están integrados en ella, Cangas, Moaña y Bueu, no puedan contratar personal. Sin esta posibilidad es muy difícil gestionar el servicio ahora mismo. La Mancomunidad de Municipios de O Morrazo no podría asumir el personal que ahora tiene Recolte. No obstante, la recuperación del servicio es algo que ya se barajó durante el pasado mandato.
Ciclo del agua
Por otra parte, el BNG también anunció esta semana que estudia la resolución del Consello Consultivo respecto a la anulación del contrato del agua. Otra vez, la responsable institucional del BNG de O Morrazo, Mercedes Giráldez señala que su partido se pronunciará al respecto en cuanto tenga estudiadas todas las posibilidades.
El Consello Consultivo de Galicia, cuya decisión es vinculante, consideró que no hay lugar para la anulación del contrato, pero sí para modificar la discrepancia que había entre la tarifa de saneamiento que había en el proyecto y la que figuraba después en el contrato aprobado por el pleno.
