La ordenanza que está ultimando el gobierno bipartito de Cangas para regular dichos espacios urbanos también contempla sanciones para las personas concesionarias de huertos urbanos que infrinjan las condiciones y que van desde la retirada de ese derecho hasta la imposición de multas económicas que ascenderán hasta 750 euros (si son leves), 1.500 (graves) o 3.000 euros (muy graves).