El Concello de Bueu está a punto de liberarse de las dos espadas de Damocles que pendían sobre el urbanismo municipal: las sentencias de demolición parcial de los edificios Pintos (en Loureiro) y Ramal dos Galos, en el centro del municipio. La resolución del primer conflicto quedó encauzada tras la entrada en vigor del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y la reciente aprobación del proyecto de legalización presentado por los propietarios. La amenaza que pendía sobre el segundo de los edificios también entra en vía de resolución después de la decisión que acaba de tomar la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribuna Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). A través de una providencia acaba de decretar el archivo provisional de la sentencia que obligaba a esa demolición, una decisión que adopta después de que la parte demandante haya decidido apartarse del procedimiento y tras la aprobación del PXOM. El nuevo planeamiento no legaliza por completo la situación del edificio, pero sí ofrece "un marco legal razonable", según los representantes municipales.

Los procesos contenciosos-administrativos son rogados, lo que significa que tiene que haber una parte que exija el cumplimiento de una sentencia. En este caso los demandantes han decidido desistir y apartarse de un procedimiento que, al igual que en el caso del edificio Pintos, se prolongaba desde hace décadas. El archivo provisional por parte del TSXG supone un alivio para el Concello, pero sobre todo para los propietarios de los pisos afectados. En su día, la denuncia se interpuso debido a que el promotor no respetó las ordenanzas urbanísticas que afectaban a la parcela. El terreno estaba sometido a dos normativas, que establecían que en una parte se permitía parte del terreno se permitía la construcción de dos plantas y bajo y en la otra tres plantas y bajo. Esto significa que el inmueble debió construirse de forma "escalonada", respetando esas directrices. Sin embargo, el promotor construyó de manera uniforme, con tres plantas en toda la superficie, una entreplanta adicional y un ático que no respetaba la normativa municipal. Esta situación fue la que luego motivó la demanda judicial.

En lo que respecta al edificio Pintos, el Concello de Bueu acaba de remitir al TSXG el escrito en el que justifica el incidente de inejecución del derribo parcial por imposibilidad legal. Este incidente se plantea tras la entrada en vigor del PXOM, que da cobertura legal al inmueble, y la aprobación del correspondiente proyecto de legalización presentado por los propietarios. El gobierno local espera ahora que el tribunal de por buenos estos cambios para poner punto final a este capítulo de la historia negra del urbanismo de Bueu.