La promotora del proyecto de urbanización de la Finca Pazó, en cuya casa grande se habilitó la guardería municipal de Quintela, ha descartado la vía judicial contra el Concello después de que los técnicos municipales no accediesen a aprobar el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de la finca.

La intención inicial de la promotora -Islas Atlánticas Gestión de Proyectos Inmobiliarios- era acudir a la justicia tras las desestimaciones del Concello. Sin embargo, desde finales de 2016 ha mantenido varias reuniones con los servicios técnicos municipales para tratar de encauzar la situación.

En estos momentos, y tras recoger las modificaciones del Plan Especial que solicitaba la administración local, la empresa promotora redacta un nuevo proyecto para buscar el visto bueno del Concello, según explica el concejal de Urbanismo, Odilo Barreiro.

En su día el informe municipal recogía que en la documentación no se justificaba la relación de usos posibles en cada parcela de aprovechamiento privado. Se establece que el vial de acceso a la guardería no puede ser computado como equipamiento, entre otras advertencias. En marzo de 2016 se había rechazado el Plan Especial y el consiguiente recurso de reposición tampoco logró el visto bueno.

Ahora el Concello espera por la presentación del PERI reformado. Y es que el desarrollo de la parcela, además de permitir acondicionar el entorno de la guardería pública, implicará la correspondiente cesión de la Casa Pazó a la Administración. No en vano, en estos momentos las arcas municipales pagan un alquiler mensual por el uso de la casa reformada como guardería.

Eso sí, desde el bipartito señalan que este alquiler es muy bajo dadas las dimensiones del inmueble. Supone un gasto de 420 euros al mes.

Islas Atlánticas había presentado el PERI inicialmente el 23 de febrero de 2016 y entendía que se había aprobado por silencio administrativo, al no obtener respuesta del Concello dentro del plazo legal de tres meses. El secretario municipal concluyó en su día que no puede darse la aprobación por silencio administrativo ante un plan que presuntamente contenía "determinaciones contrarias a la Ley".