El Parlamento británico da un respiro a Sunak y aprueba la ley para blindar las deportaciones a Ruanda

El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha logrado una importante victoria este lunes en su objetivo de deportar a Ruanda a los inmigrantes que lleguen al Reino Unido de forma irregular. El Parlamento ha aprobado a última hora la Ley de Seguridad de Ruanda, una norma diseñada por el Gobierno para establecer que el país africano es un destino seguro para los solicitantes de asilo y para evitar que los tribunales británicos puedan tumbar de nuevo sus planes, alegando incompatibilidad con la ley internacional en materia de derechos humanos. La aprobación pone punto y final a casi cinco meses de tramitación parlamentaria, en los que Sunak se ha enfrentado a los miembros del ala dura de su partido, a los partidos de la oposición y a la Cámara de los Lores.

Los Lores han dado el visto bueno definitivo a la norma este lunes, a pesar de que la gran mayoría de las enmiendas presentadas en las últimas semanas han sido rechazadas por la Cámara de los Comunes. Entre ellas, la que incluía la obligación de que un comité independiente garantice que el país africano es un destino seguro antes de iniciar las deportaciones. El Gobierno sí ha hecho una pequeña concesión en la enmienda que pretende evitar la deportación de antiguos colaboradores del Reino Unido en países extranjeros y ha anunciado que reevaluará las solicitudes de asilo denegadas a personas vinculadas con las “unidades especializadas afganas”.

Sunak deberá ratificar ahora el tratado firmado a principios de diciembre con Ruanda, que establece que ningún solicitante de asilo será devuelto a terceros países donde pueda sufrir persecución y que incorpora mecanismos para monitorizar la correcta tramitación de solicitudes en el país africano. El objetivo del Gobierno británico es que todas las personas deportadas permanezcan en Ruanda, sin posibilidad de regresar al Reino Unido, independientemente de si su solicitud de asilo es aceptada o no. Todavía existen dudas, sin embargo, sobre cuál será la capacidad total del país para acoger refugiados y cuál será el coste definitivo de la medida, que por ahora asciende a 240 millones de libras (278 millones de euros).

Elemento disuasorio

Sunak ha anunciado su intención de poner en marcha las deportaciones en un período máximo de entre 10 y 12 semanas y se ha mostrado convencido de que el plan servirá para frenar la llegada irregular de inmigrantes al Reino Unido.“La prioridad es ser capaces de tener un ritmo regular de múltiples vuelos a lo largo del verano y más allá. Esta es la única forma de tener un elemento disuasorio y detener la llegada de embarcaciones [a través del Canal de la Mancha]”, ha asegurado en una inesperada rueda de prensa este lunes, pocas horas antes del debate parlamentario. 

El primer ministro ha confirmado contar con un aeropuerto disponible y con aviones comerciales para llevar a cabo las deportaciones, algo que ha despertado la preocupación de la ONU, que ha alertado a los operadores aéreos del riesgo de desobedecer la ley internacional. “Las aerolíneas y las autoridades reguladoras de la aviación podrían ser cómplices de la violación de derechos humanos internacionalmente protegidos y de órdenes judiciales al facilitar expulsiones a Ruanda", han alertado expertos del organismo a través de un comunicado. 

Encuestas en contra

El Gobierno ha pasado por alto las advertencias de los organismos internacionales y se ha mostrado confiado en lograr un ritmo fluido de deportaciones en los próximos meses. Pero los retrasos en la tramitación de la ley han dado poco margen a Sunak para demostrar la efectividad de la medida antes de las elecciones generales, previstas para finales de año. La posibilidad de que no se produzca un descenso significativo en el número de llegadas irregulares al país antes de los comicios podría acabar definitivamente con el crédito electoral del primer ministro, quien por ahora no está logrando remontar en las encuestas ni contener el auge del partido de derecha populista Reform UK. 

Sunak ha tratado de mostrar firmeza en su política migratoria para evitar un trasvase de votos hacia la extrema derecha y ha insistido en que la nueva ley permitirá bloquear las posibles decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya frenó la salida del primer vuelo con destino a Kigali en junio de 2022. Pero algunos miembros del ala dura del Partido Conservador insisten en que será necesario ir más allá y apuestan por una salida del Reino Unido del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Los próximos meses serán decisivos para comprobar la eficacia de unos planes que por ahora han dado al Gobierno más problemas que soluciones.