Un total de 1.500 millones de dólares (1.100 millones de euros) para las mermadas arcas públicas de Bielorrusia con los que intentar acallar el descontento popular. Un día después de que una nueva manifestación multitudinaria en las calles de Minsk demostrara que el ánimo disidente sigue muy vivo en el país, Aleksandr Lukashenko viajó hasta Sochi, a orillas del mar Negro, para reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y recibir renovadas promesas de respaldo político, económico y hasta militar.

Tradicionalmente, el Gobierno de Minsk ha acallado las protestas posteriores a las convocatorias electorales recurriendo a los subsidios, aunque esta vez, tras los estragos causados por la pandemia, el margen de maniobra era inexistente. Además de apoyo financiero, Putin señaló, sin dar detalles, que la cooperación en defensa continuaría. Horas antes de la visita, la prensa rusa informó de que paracaidistas rusos viajarían al país vecino para hacer ejercicios militares conjuntos.

En el ámbito político, Putin respaldó la propuesta de Lukashenko de iniciar una reforma constitucional, un proceso similar al vivido por Rusia en primavera y que permitirá a Putin continuar al frente del Estado hasta el 2036 si ese es su deseo. La oposición rechaza de plano el planteamiento y exige la convocatoria de nuevas presidenciales. Todo ello, como le han venido reiterando todos los interlocutores rusos con los que se entrevista el líder bielorruso, tiene un precio: "Queremos que los bielorrusos, sin presiones desde el exterior, resuelvan la situación", dijo Putin.

Mientras esto sucedía en Sochi, en un buen número de regiones de Rusia culminaba el recuento de las elecciones regionales y locales del domingo. Pese a que los candidatos de Rusia Unida lograron la victoria en la mayoría de las lizas electorales, en las ciudades de Novosibirsk y Tomsk, por vez primera, varios candidatos respaldados por el bloguero Aleksei Navalni obtuvieron el acta de concejal, algo celebrado como una gran victoria por sus partidarios..