Pese a los múltiples contactos bilaterales de los últimos días y la sensación de urgencia, nadie pone la mano en el fuego por que el Consejo Europeo presencial que arranca hoy en Bruselas, marcado por la pandemia, vaya a lograr un acuerdo sobre el presupuesto 2021-2027 y el fondo de recuperación de 750.000 millones contra la crisis del Covid-19, que ha sublevado a los países frugales -Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca- y, especialmente, al primer ministro holandés, Mark Rutte, que llega a la cita exigiendo mantener su capacidad de veto para el desembolso de ayudas.
"No se puede ser ni pesimista ni optimista. Se puede ser realista. Cuando uno ve las diferencias, los equilibrios y el peso de los argumentos de unos y otro, creo que el acuerdo es perfectamente posible este fin de semana, pero no todo en este debate es racional", admiten fuentes diplomáticas, que confían, no obstante, "en que un país fundador, pragmático y beneficiario de la construcción europea y el mercado interior", como es Holanda, tendrá "flexibilidad".
"Creo que es posible y deseable un acuerdo este fin de semana. En todo caso, antes del final del verano", pero "soy prudentemente optimista", asegura otro alto cargo que admite que las posturas siguen siendo divergentes. "Tenemos todavía kilómetros que recorrer y veremos a dónde somos capaces de llegar el sábado", señala con cautela sobre un paquete global destinado a movilizar 1,8 billones en los próximos siete años. "Siendo sinceros, todavía no estamos cerca y el acuerdo no está garantizado", reconoce un alto funcionario ante la gran negociación que arranca a las 10 de la mañana. La propuesta de compromiso presentada la semana pasada por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que incluye concesiones a los frugales y pequeños ajustes, no ha logrado eliminar ninguno de los obstáculos pendientes, aunque nadie contesta ya la idea de un endeudamiento común para financiar la recuperación de Europa, un tabú hasta hace no demasiados meses.
Aún así, sigue el tira y afloja sobre el montante del presupuesto (de 1,074 billones en la propuesta), el volumen de los cheques de compensación a los países que más contribuyen y los posibles nuevos recursos propios (tasa digital, tasa al carbono en frontera, al plástico o al comercio de emisiones). Tampoco hay consenso sobre el montante del fondo de recuperación que los frugales y Finlandia insisten en recortar, ni sobre el equilibrio entre ayudas directas (500.000 millones) y préstamos (250.000 millones), ni sobre quién tiene la última palabra a la hora de autorizar las ayudas.
El compromiso señala que los gobiernos que recurran al fondo deben presentar planes nacionales de reforma e inversión que deben ser aprobados por mayoría cualificada en el Consejo. El desembolso posterior, no obstante, sería cosa del Ejecutivo comunitario, previa consulta al comité económico y financiero del Consejo, algo insuficiente para La Haya. "Puede ser suficiente para los préstamos pero no para los subsidios. Si hay subsidios es realista ir más lejos en los requerimientos", advertía esta semana Rutte ante su Parlamento defendiendo el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de 2019 -reforma laboral y de pensiones en el caso de España- y la unanimidad para poder vetar los planes que no cumplan sus exigencias.
"No puede ser que el Gobierno holandés asuma el endeudamiento sin expresar políticamente cómo debe hacerse. Tiene que ser resuelto a través de una vía que permita a nuestro sistema democrático decidir en el momento", puntualizan fuentes del Gobierno.
"Es legítimo tener una coordinación de los planes nacionales que podamos votar al inicio, pero no debemos ir hacia vetos cruzados donde unos tomen como rehén el plan del otro", discrepan fuentes cercanas al presidente francés, Emmanuel Macron, sobre un elemento que mantiene a Holanda enrocada. "Es importante que tengamos una gobernanza lo más eficaz y lo menos politizada posible", coinciden fuentes diplomáticas españolas, que alertan de que los vetos harían ineficiente el mecanismo.
Otro de los elementos que puede generar discordia es la vinculación de las ayudas al respeto del Estado de derecho y los valores europeos. Un punto "sensible" que genera una profunda oposición en Hungría, que se opone categóricamente al mecanismo y cuyo primer ministro, Viktor Orban, amenaza con vetar un acuerdo.
Para superar este impasse, Michel propone que una recomendación de suspensión de ayudas necesite de una mayoría cualificada simple para salir adelante, lo que facilitaría la creación de una minoría de bloqueo. "Es el mínimo posible", dice un diplomático de un país del norte. La misma exigencia se aplica al cambio climático y al fondo de transición justa para garantizar la neutralidad climática en el 2050, con la que Polonia sigue sin comprometerse.
