El Gobierno del presidente chileno, Sebastián Piñera, y los partidos de la oposición, a excepción del Partido Comunista, alcanzaron ayer de madrugada un histórico acuerdo para iniciar un proceso constituyente que liquidaría la Constitución del dictador Augusto Pinochet, aprobada en un cuestionado referéndum en 1980 y en vigor desde 1990.
La medida es respuesta a un mes de protestas contra la desigualdad social, que hasta el momento se han cobrado 22 vidas y se iniciaron por una subida de 0,04 euros en el precio del billete de metro. La Constitución chilena blinda en la práctica la preminencia del sector privado en la sanidad, las pensiones y la educación, dianas de los manifestantes.
El proceso arrancará el próximo mes de abril con un plebiscito en el que los chilenos responderán a dos preguntas: "¿Quiere usted una nueva Constitución?" y, con independencia de la respuesta dada a la primera pregunta, "¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución?". Para esta segunda cuestión se proponen dos posibilidades que suponen un punto intermedio entre el Congreso Constituyente que quería el oficialismo y la Asamblea Constituyente que reclamaba la oposición.
Las opciones son una Convención Constitucional, que estaría formada al cien por cien por ciudadanos elegidos para este fin, o una Convención Mixta Constitucional, conformada a iguales partes por ciudadanos y parlamentarios. La elección de los miembros de una u otra instancia se hará en octubre de 2020 y los actuales cargos públicos que sean escogidos deberán renunciar a sus puestos, no pudiendo presentarse a ninguna elección durante el año posterior a la finalización de los trabajos constitucionales. El órgano constituyente se disolverá una vez cumplida su tarea. Tanto sus normas de funcionamiento como los textos que redacte tendrán que tener el respaldo de dos tercios de los constituyentes.
El plazo para alumbrar el nuevo texto constitucional es de nueve meses, prorrogables otros tres. El borrador de la Carta Magna tendrá que someterse a referéndum en un máximo de 60 días, por lo que se estima que la nueva Constitución entrará en vigor en 2021.
Tras el anuncio del acuerdo constituyente, el Gobierno de Piñera consideró que ha llegado el momento de abandonar las calles "y empezar a dialogar". La ministra portavoz, Karla Rubilar, aseguró: "La ciudadanía nos despertó y es la ciudadanía la que decide".
Por ello, aunque subrayó que el Ejecutivo chileno va a ser "muy respetuoso con la gente que se quiere manifestar pacíficamente", defendió la necesidad de "alzar la mirada" y trabajar "para concretar los sueños y anhelos de la agenda urgente social".
