El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aceptó ayer la oferta de la Conferencia Episcopal del país para participar como mediadora y testigo en el diálogo sobre el fin de las revueltas que se viven desde hace ocho días y para dar una nueva configuración a la reforma de la seguridad social. Aunque los manifestantes, cuya columna vertebral son los estudiantes universitarios, rechazaron el martes volver a la normalidad, pese a la retirada de la reforma de las pensiones, la situación parecía más tranquila durante las primeras horas de ayer. Con todo, la factura de las protestas se hacía más pesada, ya que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos elevó a 34 el número de muertos, hasta ese momento fijado en 27. La ONU ha denunciado "ejecuciones extrajudiciales".
