El Senado polaco aprobó en la madrugada de ayer, después de horas de debate, la controvertida reforma judicial promovida por el Gobierno del ultraconservador partido Ley y Justicia (PiS). La ley, que ya recibió el visto bueno de la Cámara baja el jueves, está encontrando una fuerte contestación en la calle, con masivas protestas, y ha llevado a Bruselas a amenazar a Varsovia con retirarle el derecho de voto en las reuniones del Consejo Europeo, con el argumento de que acaba con la separación de poderes.
También el departamento de Estado de EE UU hizo saber ayer a Polonia que se opone a estas medidas.
Ley y Justicia se valió de su mayoría absoluta en la Cámara alta para aprobar cómodamente el polémico proyecto de ley. Tras más de 16 horas de debate y cerca de 300 enmiendas rechazadas, 55 senadores votaron a favor, frente a 23 votos en contra y 2 abstenciones.
Mientras los senadores debatían el texto legislativo, miles de polacos se manifestaban frente a la sede parlamentaria y la del Tribunal Supremo, al igual que en otras ciudades del país, para pedir al presidente polaco, Andrzej Duda, vinculado a PiS, que impida la entrada en vigor de la contestada reforma.
De llegar a materializarse, los cambios supondrán el fin del mandato de los actuales jueces del Supremo, excepto los elegidos por el presidente, para ser sustituidos por los nombrados por el Gobierno, algo que la oposición considera inconstitucional y una ruptura del principio de separación de poderes y la independencia de la magistratura.
Recursos legales
Sin embargo, el gran aliado de los ultraconservadores polacos, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, dijo que su país echará mano de "todos los recursos legales posibles" para mostrar su solidaridad con Polonia frente a la "inquisición europea".
Orbán se ha erigido en los últimos años como una figura contraria a lo que considera que es un excesivo control de la Unión Europea sobre sus países miembros, exacerbada por el drama de la migración, y que ha llevado a Hungría al cierre de sus fronteras.
