La fiscal general interina de EE UU, Sally Yates, ha sido destituida por el presidente Trump de modo fulminante tras haber ordenado a todos sus subordinados que no defendieran en los tribunales la polémica orden del magnate que impide durante 90 días la entrada en EE UU de nacionales de siete países islámicos.
Yates, que duda de la legalidad de esa orden, era una superviviente de la era Obama, que seguía en el cargo en espera de que el Senado confirmase al candidato de Trump, Jeff Sessions, un controvertido senador republicano con un pasado cargado de acusaciones de racismo. La confirmación de Sessions fue retrasada una semana por los demócratas y estaba prevista para ayer. Trump también destituyó al director en funciones del Servicio de Inmigración, Daniel Ragsdale, otra herencia de Obama.
La polémica orden ejecutiva antiislámica siguió provocando ayer reacciones contrarias en todo el mundo. Los senadores demócratas presentaron varios proyectos de ley para frenarla, aunque dada la relación de fuerzas en el Senado (52 / 48) tendrán que contar con el apoyo de al menos cuatro republicanos para que salgan adelante. En una excepción a la ley, Washington anunció que permitirá la entrada de 872 refugiados en el país en los próximos días.
La Casa Blanca defendió la decisión del presidente y advirtió contra futuros disensos dentro del gabinete, cuya misión principal debe ser "cumplir" la agenda del mandatario.
