Hicks es el primer sospechoso de terrorismo en ser acusado ante los nuevos tribunales especiales de Guantánamo. El sistema anterior, diseñado por el Pentágono, fue declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
El australiano de 31 años se enfrentaba al cargo de haber apoyado al terrorismo por presuntamente recibir entrenamiento en un campamento de la red Al Qaeda y luchar del lado Talibán durante la invasión de Afganistán a finales del 2001.
Hicks, musulmán y padre de dos hijos, fue capturado en ese país y trasladado a Guantánamo en enero del 2002.
Hoy compareció ante el tribunal militar en un uniforme caqui de prisionero y con el pelo largo, que usa para bloquear la luz que está encendida permanentemente en su celda, según ha explicado uno de sus abogados, David McLeod.
El acusado hizo pública su declaración de culpabilidad durante una audiencia ante el juez militar Ralph Kohlmann.
El juez pidió a fiscales y abogados de la defensa que lleguen a un acuerdo entre hoy y mañana en el que se especificará qué tipo de sentencia afrontará Hicks.
Según un acuerdo diplomático, Hicks cumplirá su pena en Australia.
El cargo al que se enfrenta conlleva una pena máxima de cadena perpetua, pero el fiscal principal del caso, el coronel Morris Davis, ha indicado que otros casos similares han resultado en penas de 20 años de prisión.
Más seria era la acusación original contra Hicks presentada por el Pentágono en el 2004.
Entonces lo incriminó por intento de asesinato, ayudar al enemigo y conspirar para atacar a civiles, cometer actos terroristas y destruir propiedades.
No obstante, esos cargos fueron retirados cuando en junio pasado el Tribunal Supremo determinó que los tribunales especiales originales violaban la Convención de Ginebra, que regula el trato a los enemigos capturados durante una guerra, así como la normativa militar de EEUU.
En septiembre pasado, el Congreso modificó las normas que regulan esos tribunales, pero los cambios no han satisfecho a las organizaciones de defensa de los derechos humanos.
En un comunicado, Human Rights Watch criticó hoy que los tribunales especiales antiterroristas permitan el uso de confesiones y pruebas obtenidas mediante interrogatorios "abusivos" llevados a cabo antes de enero del 2006.
