Bruselas invierte 15 millones para diseñar la red de áreas marinas protegidas de Irlanda

El polémico Plan de Acción que la Comisión Europea anunció hace poco más de un año, el 21 de febrero de 2023, parece no tener visos de prosperar para cumplir el objetivo por el cual fue concebido: prohibir la pesca de arrastre en el 30% de las aguas comunitarias en 2030. Aun así, pese a que el Parlamento Europeo y la Unión Europea han expresado su rechazo a lo largo de los últimos meses –el pasado enero en Estrasburgo, con el no rotundo de más de 400 diputados–, Bruselas continúa avanzando para definir las áreas marinas protegidas sobre las que actuaría la medida. Y el primer paso lo dará en Irlanda.

El órgano ejecutivo de los Veintisiete acaba de dar luz verde a una batería de proyectos entre los que se encuentra el MAP-Life-Ireland; una iniciativa a la que destinará más de 15 millones de euros –a los que se sumarán otros 10 del gobierno irlandés–, con el propósito de desarrollar “una red de áreas marinas protegidas en el territorio marino irlandés”. Las entidades beneficiarias de esta inversión serán las universidades de Galway (University of Galway), Dublín (University College Dublin) y Cork (University College Cork), así como el Ministerio de Vivienda, Gobierno Local y Patrimonio del país gaélico, que se encargará de coordinar a las tres instituciones académicas para confeccionar esta red “a través de un proceso participativo de gestión basada en ecosistemas (EBM) que implique el codiseño, la coproducción y la coentrega de resultados en estrecha colaboración con las partes interesadas del sector marítimo y los ciudadanos”.

La pesca logra reprobar el plan contra el arrastre antes de los comicios europeos

La CE avanza de este modo en su fijación porque el 30% de las aguas comunitarias sean consideradas áreas marinas protegidas para 2030, una hoja de ruta que se enmarca dentro de Estrategia de Biodiversidad de la UE y sobre la que adelantó que pretendía aplicar el Plan de Acción, prohibiendo la pesca de arrastre en dichas demarcaciones. La medida, que en este caso se dibujará sobre el caladero de Gran Sol –en el que faena buena parte de la flota gallega y sobre el que ya se efectuaron restricciones como el veto a la pesca de fondo en 87 zonas del Atlántico Norte– fue aplaudida por la coalición de las principales ONG y asociaciones ambientalistas de Irlanda, Fair Seas. “Más de 25 millones de euros es una suma de dinero impresionante para crear una red de AMP orientadas a objetivos, bien gestionadas, monitoreadas y aplicadas. Estimamos que, en total, se necesitan 55 millones de euros para hacerlo correctamente de aquí a 2030. Por lo tanto, asegurar casi la mitad de este recurso a principios de 2024 es muy alentador”, señaló su coordinador, Donal Griffin.

Negativa de la UE y el PE

Esta posición animosa no la comparten algunos de los representantes del sector pesquero irlandés; entre ellos el presidente de Irish Fishing & Seafood Alliance, Cormac Burke, que estos días ha cargado duramente contra Dublín por los retrocesos acometidos durante los últimos años en materia de pesca. “Desde las zonas costeras hasta las demersales y desde las pelágicas hasta las de procesamiento, cada área de la industria pesquera irlandesa está en caída libre. Y aunque al público se le dice que esto se debe a la Comisión Europea y al Brexit, en realidad tiene más que ver con una estrategia antiindustrial de larga duración por parte de este gobierno irlandés y los anteriores para cerrar este sector. Todo ello mientras se llega a acuerdos con Bruselas y otras naciones no pertenecientes a la Unión Europea para regalar los recursos pesqueros en aguas irlandesas al mismo tiempo que se estrangula su propia industria pesquera”, remarcó el máximo responsable de IFSA.

Tras el no “rotundo y unánime” de España, Francia, Alemania y otros países de los Veintisiete al Plan de Acción, poco tiempo tardó el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, en recular respecto a esta normativa: desde su gabinete aseguraron a comienzos del pasado mes de abril que no se trataba de una norma con “objetivos vinculantes”, sino “una invitación al diálogo”. El Parlamento Europeo, por su parte, volvió a evidenciar el rechazo político a esta medida en enero, cuando el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, el lituano Virginijus Sinkevicius, insistió en que no se propone “una prohibición total del arrastre”. “Estamos pidiendo innovación en este ámbito tan importante para la pesca, estas técnicas se pueden utilizar con cierto control”, agregó su principal impulsor y defensor, cuyo departamento deberá reconfigurar su postura, tras la negativa recibida, a las puertas de las próximas elecciones comunitarias.

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