Justo antes del estallido de la pandemia en España, a finales de 2019, el Gobierno de Malvinas (Falklands) asestó un duro golpe a las armadoras gallegas que trabajan en sus aguas al promover un drástico aumento en el coste de las licencias que se pagan cada año. Pese a las quejas de la flota, se estableció una subida del 50%, lo que supuso que las joint venture (formadas por las firmas de Galicia y sus socios locales) que pescan calamar pasaron de pagar 8 millones de euros en conjunto a superar los 12. Entre el COVID y el impacto del Brexit, que supuso el establecimiento de aranceles, el Ejecutivo isleño apostó por una estabilidad en el precio para los dos siguientes años (2021 y 2022), sin rebajas, pero también sin incrementos. Hasta ahora. El Gobierno malvino ha planteado una nueva revisión de las tarifas, que en el caso de la flota que captura calamar supondría un 10,6% más en 2023, es decir, que se superarán los 13 millones de euros en la que será la cuarta subida desde 2017.
La Asamblea Legislativa, órgano que dirige el archipiélago, analizó a finales del pasado mes un documento presentado por la responsable de Pesca en las islas, Teslyn Barkman. En él se recogía la propuesta de nuevas tarifas a establecer el próximo año, analizando una a una las diferentes licencias que existen en Malvinas. En total son nueve, siendo dos de ellas (denominadas “C” y “X”) para el calamar Loligo, al estar repartidas en dos campañas al año.
Según defiende el texto analizado en la sede del Gobierno malvino, tres de las licencias se mantendrían igual (para pescar merluza negra, raya y pelágicos), mientras que el resto sufrirían modificaciones, principalmente al alza. De hecho, solo una de ellas desciende, la denominada “W”, que se reduciría un 27%, hasta 254.620 euros. En 2021 la explotaron un total de 14 barcos de bandera española (los de calamar tienen bandera de las islas), que faenan en el Atlántico suroccidental, para pescar pescado (exceptuando merluza, merluza negra o granadero).
Las otras dos licencias que utilizan los buques gallegos, las denominadas “G” (incluye pescado, con las mismas excepciones que el anterior, y calamar patagónico) y “A” (solo merluza), también subirían. En el primer caso, lo haría un 3,5%, hasta los 2,4 millones en total; en el segundo sería de un 67%, 844.172 euros. En ambas participan una quincena de barcos gallegos.
Calamar
En lo que respecta a la licencia de Loligo, la dirección de Recursos Naturales de Malvinas tuvo en cuenta tanto la buena evaluación de las capturas (100.158 toneladas este año) como del precio alcanzado, que fijaron en 3.697 euros la tonelada. Para establecer el aumento en la licencia, que emplean 16 buques (todos ellos con base en Vigo y Marín), los legisladores valoraron entre cuatro opciones: una que apostaría por mantener el mismo precio; otra que supone un aumento de 600.000 libras para costear el programa de observadores a bordo; un tercero que supone la misma cantidad y, a mayores, un 4,6% más que achacan a la inflación (“se espera que sea significativamente mayor en próximos meses”, señalaron), y, por último, una opción que se basaría en el 5% de los ingresos (pasaría de los 13,3 millones a 17,4).
La recomendación de Recursos Naturales fue apostar por la tercera opción, que dejaría los 13,3 millones.
Postura del sector
Frente a esta medida ya se posición la Asociación de Empresas de Pesca de las Islas Malvinas (Fifca, en inglés), que en una carta dirigida a Recursos Naturales apela a no realizar cambios en la tarifa. En la misiva, firmada por James Bates, piden que “se tengan en consideración” el incremento de costes que ya sufre la industria, entre los que cita la construcción de nuevos buques, el combustible o el proceso de los nuevos derechos de pesca, las ITQB (siglas en inglés para cuota transferible individual).
Fuentes del sector vigués consultadas aseguran que la decisión todavía no está tomada y que será la Fifca la que represente sus intereses en la materia.
