Ya es oficial. Malvinas ha dado luz verde a la nueva norma legislativa que obliga a todas las empresas de pesca con actividad en su caladero a que el 51% de su accionariado sea malvino, frente al 25% que exigía hasta ahora. El cambio, conocido desde hace más de dos años, afecta a cerca de una veintena de arrastreros vigueses que capturan calamar en aguas malvinas, lo que ha obligado a las armadoras a reorganizar sus accionariados con sus socios locales (operan a través de empresas de capital mixto). Una de las primeras en adaptarse a este cambio, clave para poder renovar las licencias de pesca, había sido Copemar ya en 2019, como recogió este periódico.
La Ley de pesquerías (conservación y administración) 2021 fue aprobada esta misma semana por la Asamblea Legislativa (el órgano que dirige el archipiélago), una norma muy discutida y aceptada con reservas finalmente por la industria pesquera local y sus socios extranjeros, mayoritariamente gallegos. La norma exige que todas las empresas o asociaciones de pesca con actividad en el codiciado caladero de Malvinas tengan propiedad mayoritaria de las Falklands (51,1%), cuando antes solo era necesario un 25,1% local, así como contar con un plan de acción accesible al gobierno de las islas y un directorio con integrantes residentes en el archipiélago.
La mayoría de las armadoras gallegas ya se habían anticipado a este cambio normativo para poder acceder a una renovación anticipada de las licencias de pesca a partir de este año. En Malvinas tienen actividad firmas como Copemar, Pereira, Pescapuerta o Chymar, entre otras, que operan cerca de una veintena de grandes arrastreros congeladores destinados a la captura de calamar.
Para la legisladora electa Teslyn Barkman, la nueva norma “ofrecerá una significativa plataforma a la industria para que invierta en sus emprendimientos, y para que el gobierno planifique un futuro sostenible con sus intereses claves en primera línea”. “Los nuevos requisitos y objetivos ponen a la comunidad, el medio ambiente, el control regulatorio y futura sostenibilidad del país por encima de todo”, remarcó tras aprobar la Asamblea Legislativa el texto en declaraciones a la agencia de noticias Mercopress.
Aranceles
Otra espada de Damocles sobre la flota gallega en Malvinas es la intención de Londres de gravar las exportaciones. El contingente arancelario aprobado por la Comisión Europea para apoyar al sector tras el Brexit –Malvinas no entró en el acuerdo de comercio al ser un territorio de ultramar–, de unas 75.000 toneladas, se mostrará más que insuficiente. A ello cabe sumar que desde el sector criticaron ya en su momento que solo se podrá utilizar aproximadamente un 20% del cupo al ser aplicable sólo a la “transformación industrial” del calamar, con lo que se queda fuera tanto el producto enfocado al retail como aquel que acaba en el canal Horeca (la restauración), sus principales destinos.
Acuicultura
Malvinas continúa investigando la posibilidad de desarrollar acuicultura en sus costas. Según explicó recientemente Barkman, “las aguas interiores de las Falklands desbordan de biodiversidad y no son comercialmente aprovechadas”. Esta cree que es necesario reforzar la legislación de las islas en la materia e investigar sobre los efectos que podría tener para el medio ambiente, uno de los tesoros que más cuida Malvinas y que genera ingresos gracias al turismo que atrae. De igual forma, la legisladora también pone sobre la mesa la utilidad de las áreas marinas protegidas en lugares como la isla de Beauchene, en torno a la cual faena la flota gallega.
