El Consello Consultivo de Galicia ha emitido un informe en el que considera “inconstitucional” parte del articulado de la Ley de Cambio Climático, una norma envuelta en una polémica a dos bandas entre el Gobierno central y la Xunta por su supuesta afectación al sector conservero e industrial del litoral gallego y, en concreto, a la situación de empresas como Ence en Pontevedra. Al menos una docena de empresas vinculadas a la pesca, según la Confederación Sectorial Mar-Industria, han decidido deslocalizar su actividad por esta normativa. “Son firmas con proyectos de futuro fuera de la comunidad gallega. La inversión aquí está paralizada”.

El informe, según incide la Xunta, afecta precisamente al artículo 18.4 de esta norma, el punto más criticado por la Administración gallega por su supuesta afectación a las prórrogas de las concesiones del tejido empresarial que se encuentra en el dominio público marítimo terrestre y concedidas antes de su entrada en vigor. El Consello Consultivo considera que la redacción de este artículo tendrá consecuencias en ese régimen de prórroga extraordinaria que contempla la vigente Ley de Costas y, por ello, limitará el plazo de hasta 75 años que permite esta normativa al tener una “evidente eficacia retroactiva tácita”.

El organismo señala que ese fue el propósito del Gobierno central y que así se desprende de la propia Ley de Cambio Climático, por lo que el artículo afectará tanto a los plazos de duración de estas concesiones y de las prórrogas otorgadas antes de su entrada en vigor, como también a la validez que los actos administrativos dictados al amparo del texto anterior. En definitiva, añade la Xunta, el informe concluye que el punto 18.4 de la Ley es inconstitucional por vulnerar “el principio de seguridad jurídica” que recoge el artículo 9.3 de la Constitución.

Para el Gobierno gallego, el Consultivo ha corroborado los argumentos esgrimidos por su Asesoría Xurídica para justificar la eliminación del citado artículo de la norma. La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha instado al Gobierno central a “dejar de mentir, de manipular y engañar” al sector y a retirar ya los artículos 18.3 y 18.4 de la Ley de Cambio Climático.