La Dirección General de Marina Mercante dio el aviso el año pasado: a lo largo de 2021, un total de 81.300 marineros de toda España se verán obligados a renovar sus certificados conforme han recibido la formación básica para poder embarcar. Entre este grupo de marinos se encuentran los que componen la flota pesquera de altura y gran altura o, más concretamente, la de aquellos buques superan los 24 metros de eslora. Estas tripulaciones están ahora en serio riesgo de quedarse en tierra, ya que los centros públicos y privados encargados de realizar estas formaciones no dan abasto o, directamente, no pueden realizarlos. En el primer caso se encuentran, por ejemplo, los centros territoriales del Instituto Social de la Marina (ISM), tal y como denuncian los armadores que tienen a sus marineros afectados. En el segundo, los centros de formación estatales, como el de Bamio, en Vilagarcía de Arousa, o Isla Cristina, en Huelva, cuya licitación para la “contratación de servicios para impartir formación profesional marítima y sanitaria” quedó esta semana desierta. Ante esta grave situación, expertos de formación y sobre todo el sector pesquero están valorando ya realizar una solicitud formal de moratoria a Marina Mercante, con el fin de que nadie se quede en tierra o que haya barcos que puedan salir a faenar. “Sería lo razonable”, indica el secretario general de la patronal pesquera Cepesca, Javier Garat.
La aglomeración de renovaciones se provoca por un cambio en la Convención Internacional en Estándares de Formación, Certificación y Vigilancia para la gente de mar, cuyas siglas en inglés son STCW. Las llamadas “Enmiendas de Manila” de la convención, de 2010, provocaron una adaptación gradual de los certificados que en España se realizó entre 2014 y 2016. La nueva normativa obliga a renovarlos a través de formaciones cada cinco años, y solo en 2016 fueron esas 81.300 personas.
Rosa Meijide: Las direcciones provinciales sí dan los cursos, pero tenemos mucha gente por formar
En aquel oficio de Marina Mercante, firmado por el director general Benito Núñez, se apremiaba a los tripulantes a realizar los cursos cuanto antes. Sin embargo, esto no fue siempre posible. El COVID, que provocó atascos en mayor o menor medida en prácticamente cualquier trámite administrativo que realizaron y realizan los ciudadanos también afectó a los cursos. “Realizar todos en un solo año es una locura”, explica un docente especializado en este tipo de formación consultado por FARO, “y eso que este año se han aumentado en Galicia”.
Concurso desierto
Pero más allá de la aglomeración de personas y las dificultades que generan las mareas para hacer cuadrar los cursos cuando el marinero está en tierra, hay otras piedras en el camino para la necesaria renovación de los certificados. La más importante, sin duda, es la que se vive en el Centro Nacional de Formación de Bamio. La licitación para el “Acuerdo Marco para la contratación de servicios para impartir formación profesional marítima y sanitaria” quedó desierta, al igual que para el caso del centro de Huelva. Es decir, nadie aspiró a hacerse con el contrato de 1,1 millones de euros (sin IVA) para dar los 204 cursos del centro gallego (y los 83 del andaluz).
El concurso, sin embargo, no era el primero. En este caso la Administración optó por dividirlo en varios lotes tras haber quedado desierta también la licitación anterior, configurada en solo dos lotes, una para Bamio y otro para Isla Cristina.
“Las direcciones provinciales sí dan los cursos, pero tenemos mucha gente por formar”, lamenta la responsable del servicio de formación de la Cooperativa de Armadores de Vigo, Rosa Meijide. La flota pesquera vive el problema de primera mano, ya que como explica Meijide “no hay tiempo material” para poder formar a toda la gente que lo necesita. Y eso que hay centros privados, como el de ARVI, que están homologados para impartir cursos (con ayuda de subvenciones) y los hacen “constantemente”. De hecho, la sede de la cooperativa acogió ayer mismo uno de ellos.
La Xunta, por su parte, también se encarga de impartir los cursos. En breve se resolverá la licitación (cuyo valor estimado es de 2 millones) lanzada desde la Consellería do Mar para los cursos, que por las puntuaciones obtenidas todo hace indicar que será adjudicado a la UTE (unión temporal de empresas) formada por Formación Alfer y por Centro de Formación Ica. Estos cursos se imparten en puertos, cofradías y en el aula de seguridad de Ferrol.
Según pudo saber este periódico, la Xunta planteará este problema el próximo martes durante la reunión del Consejo General del ISM. En juego está la paralización de las tripulaciones y, por tanto, de la flota.
