El informe de Bruselas recoge también casos de estudios concretos. Entre ellos destacan el de Bayonne, Francia, en la que están registrados muchos barcos de capital gallego que operan en aguas de Gran Sol. Según el estudio, la mayoría de los trabajadores de este tipo de barcos son extranjeros (el 95,3%), mayormente de Portugal y España.
Indican también que los propietarios de buques tienen que cumplir con el sistema de Seguridad Social galo (el ENIM) cualquiera que sea la nacionalidad de los trabajadores, lo que "significa que van a ganar el mismo salario, tener las mismas protecciones sociales y derechos, y están sujetos a los mismos niveles de tributación". Precisamente esto fue motivo de debate en los últimos meses por los marineros gallegos que trabajan allí pero quieren cotizar aquí, como hasta ahora, todavía pendiente de una solución.
En torno a 874 personas trabajan en el sector extractivo, estando 560 empleados en buques de larga distancia, de los cuales el 60% no son franceses.
El motivo de estas cifras es la conocida como flota franco-española, los barcos que se abanderaron en el país para intentar conseguir las cuotas a las que no podían acceder en España desde que entraron en la Unión Europea.
