La AP-9 queda 100% bajo control extranjero cuando Europa debe decidir sobre su prórroga

Globalvía, último accionista español de Audasa, venderá al fondo holandés APG su parte de la Autopista del Atlántico

Transportes debe responder antes del 24 de junio al segundo expediente de la Comisión Europea

Vista general de la Autopista del Atlántico y el Puente de Rande este mes de mayo. |   // JOSÉ LORES

Vista general de la Autopista del Atlántico y el Puente de Rande este mes de mayo. | // JOSÉ LORES

Víctor P. Currás

Víctor P. Currás

Todo cambia para que todo siga igual en la AP-9. La propiedad de la concesionaria que explota la principal vía de comunicación de Galicia pasará a ser 100% extranjera después de un lustro de guerra judicial y económica en el seno de Itínere. El grupo Globalvía venderá el 39,64% de las acciones que controla en el conglomerado del que forma parte Audasa, dueña y gestora de la Autopista del Atlántico.

La noticia ha sido adelantada este lunes por El Economista y pone fin a las luchas de poder en el lucrativo negocio de las infraestructuras. De esta manera, el fondo de pensiones APG pasará a tener la totalidad del capital después de entrar en el mismo en octubre de 2018, cuando adquirió el 59,2% de las mismas al fondo americano Corsair Capital.

Este movimiento bursátil no solo supone el adiós de los agentes económicos españoles en el consejo de administración del segundo mayor operador privado de autopistas del país; sino que llega en un momento clave para su futuro. Antes del 24 de junio el Ministerio de Transportes deberá enviar a la Comisión Europea sus alegaciones después del segundo expediente abierto por la prórroga de la concesión hasta 2048.

Bruselas ya ha advertido en dos ocasiones que la ampliación de Aznar en los peajes por 25 años tuvo defectos de forma –sin concurso público– y muy especialmente, de fondo. “El verdadero objetivo era aumentar sustancialmente su valor para hacerla más atractiva con vistas a conseguir una venta futura, pero ya prevista, más rentable” explica el informe firmado por el Comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, y en el que desmonta la defensa presentada desde septiembre de 2021 por el ejecutivo central.

Y es que la importancia del control del grupo Itínere va más allá de Audasa. El fondo de pensiones neerlandés participará en cinco concesiones en todo el país, destacando en Galicia la AG-57 entre Vigo y Baiona y la AP-53 (con un 18%) entre Santiago y Ourense. También la AP-66 entre Asturias y León está bajo la lupa de la UE.

Globalvía realizó desde 2018 un desembolso de más de 520 millones para comprar las acciones que poseían Abanca (23,81% y heredadas desde los tiempos de Caixanova y CaixaGalicia), Kutxa (16,3%) y Sacyr (15,51%). Sin embargo, la empresa que encabezó la compra de Empresa Nacional de Autopistas (ENA, matriz de Audasa) tras su privatización en 2002 acabó vendiendo sus acciones a Corsair y APG. Pese a las demandas cruzadas entre accionistas y que el Tribunal Supremo admitió hace apenas mes y medio un recurso de casación contra esta venta, Globalvía tira ahora la toalla.

Sin transferencia ni rescate

A la espera de que se concrete la operación financiera –para la que ambas partes ya han contratado a agencias especializadas para una operación millonaria– la venta del 40% de acciones de Itínere ahondará en la esperpéntica situación de principal arteria gallega.

Si bien la sede de Autopistas del Atlántico S. A. está en A Coruña, los fondos de inversión que las controlan son todos de carácter extranjero. Y mientras Bruselas estudia la legalidad de su prórroga, el Gobierno se limita a decir que el rescate de la concesión “no es sencillo” y cierra la puerta a su transferencia a la Xunta de Galicia tal y como reclaman PPdeG, BNG y PSdeG. Mientras tanto, los gallegos siguen pagando.

Pplan de rehabilitación integral del firme de la A-55o

Las penurias de la Red de Carreteras del Estado en el área de Vigo llegan también en la A-55. El pésimo estado del firme en la autovía que conecta la ciudad con la A-52 motivó una pregunta por escrito en el Senado de Carme da Silva. La senadora del BNG advirtió del grave peligro que supone y recordaba que en seis años el balance ha sido de 1.500 accidentes y casi un millar de personas heridas.

En la respuesta registrada el 24 de mayo, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible asegura “ser conocedor del estado de las carreteras de su red” y asegura estar redactando un proyecto de rehabilitación integral del firme entre Vigo y O Porriño. Sin embargo, el Gobierno justifica que “el estado del firme se ha visto agravado por los efectos de un invierno especialmente lluvioso, y se están estudiando las actuaciones precisas para subsanar las deficiencias.”

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