Un Plan Xeral que apuesta por pisos de protección y consolida las zonas verdes

La vivienda protegida que prevé desarrollar el Concello y la consolidación de las zonas verdes, “tan necesarias dentro del municipio”. Son los dos aspectos clave que destaca la arquitecta María G. Ferro sobre la revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), en tramitación. Socia con Jordi Castro de Castroferro Arquitectos, presume en su currículo de haber participado en la rehabilitación del faro de Cabo Silleiro y la construcción de la biblioteca Manuel Altolaguirre de Málaga y el edificio administrativo de la Xunta en Ourense –con Díaz&Díaz Arquitectos–, así como de haber colaborado con el Estudio Carme Pinós en el proyecto de reconversión del complejo de Zona Franca en la calle López Mora en un espacio con biblioteca, centro de negocios, emprendimiento y formación, un laboratorio cuántico y la sede de la fábrica de semiconductores fotónicos.

Destaca que, “teniendo en cuenta que el punto de partida de este nuevo Plan fue el PXOM de 2008”, suponen “un avance” la “mejor categorización de los diferentes suelos urbanos y que exista una previsión de vivienda protegida a desarrollar por el propio Concello”. La revisión del Plan contempla la ejecución de cinco ámbitos de suelo dedicados íntegramente a la construcción de este tipo de inmuebles. En Santa Cristina-parque central de servicios, más de 200; Guixar, más de 600; Santa Cristina-Severino Cobas, más de 710; Cantabria-Ramón Nieto, más de 700; y el ofimático –en el entorno de la avenida de Madrid–, más de 1.600.

Ferro subraya la importancia de haber logrado la aprobación provisional del Plan Xeral en tramitación –en el pleno municipal a finales de enero con los votos a favor del grupo socialista, la abstención del grupo popular y el rechazo del BNG–, el “primer paso para esa estabilidad urbanística tan ansiada”. Añade que el documento “viene a consolidar la parte de ciudad que ya está construida y, por otro lado, sienta las bases para el desarrollo de la ciudad aún por construir o transformar, que es mucho”. “Es probable que, con el tiempo, sea necesario reevaluar lo previsto en este Plan Xeral para adaptarse a nuevas necesidades. Vigo es una ciudad muy compleja, densa en muchas áreas y dispersa en muchas otras”, argumenta.

Con la entrada en vigor del planeamiento revisado, se despedirá el Instrumento de Ordenación Provisional (IOP), mediante el cual se ha conseguido “una transición entre el antiguo Plan del 93, el desafortunado Plan del 2008 y el actual planeamiento”. “El IOP es una herramienta que no puede dar respuesta a todos los ámbitos del territorio municipal. En líneas generales, creo que cualquier ciudad sale beneficiada con un Plan Xeral que garantice la estabilidad urbanística y jurídica por un período de tiempo determinado”, manifiesta Ferro.

Indica que no cree que haya “un desequilibrio de actuaciones entre unas zonas y otras” de la urbe con el nuevo planeamiento. “Vigo es una ciudad muy heterogénea, con un gran ámbito de suelo urbano consolidado y múltiples zonas pendiente de desarrollo que, en muchos casos, se intercalan en el propio ámbito consolidado”, describe la arquitecta antes de apuntar que el nuevo Plan “corrige las deficiencias del PXOM de 2008 –tumbado por el Tribunal Supremo en 2015 por incumplir la Xunta de Galicia el trámite de evaluación ambiental estratégica– haciendo pequeñas variaciones, pero no supone un cambio de rumbo”.

Preguntada por los capítulos que mejoraría del documento, echa en falta “dos aspectos que, en cierta medida, pueden escaparse del ámbito municipal”. Son “la conexión de la intermodal con la salida sur de la ciudad y, por otro lado, que se resuelva el acceso hasta el centro mediante la AP-9”. “Creo que estamos en un momento muy bueno en el que ambos aspectos deberían empezar a formar parte de las previsiones a corto plazo”, reseña Ferro.

Al respecto del vial de Beade y Bembrive, también conocido como PO-010 –el motivo detrás de la gran mayoría de las alegaciones a la revisión del Plan Xeral–, Ferro asegura que es “bastante reticente a la ejecución de viales que supongan una afección sustancial en el paisaje”. “Este lo parece. Lo que hay que analizar, sobre todo, es la necesidad y para quién es necesario. Actualmente, Vigo cuenta con unos viales de alta capacidad que circundan todo el ámbito municipal con suficiente capacidad como para realmente plantear la necesidad de abrir otro. Creo que hay puntos más conflictivos que están pendientes de ser resueltos y este no es uno de ellos”, sentencia.

Sobre la urbanización vinculada al polémico vial de Cabo Estai, anota que no entiende “que un Plan legalice la situación de ninguna edificación si esta no cumple con la ley”, pero apostilla que “está claro que no se puede generalizar y se tiene que analizar cada caso individualmente, teniendo en cuenta su cronología”.

“Plantear un incremento de 51.500 viviendas, de las cuales 14.000 son protegidas, se me antoja algo irreal”

María G. Ferro considera que la proyección de casi 51.500 viviendas, de las que se prevé que más de 14.000 sean de protección, no es del todo realista. Indica que “la evolución poblacional desde el Plan Xeral del año 1993 hasta hoy ha sido de unos 8.000 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística”, por lo que, “teniendo en cuenta, por un lado, la tendencia descendiente de la población –y la bajada acusada de la natalidad– y la tendencia ascendente de la rehabilitación del parque de viviendas existente para adaptarnos a las exigencias en eficiencia energética que establece Europa”, cree que plantear este incremento de pisos y casas “se antoja algo irreal”. En todo caso, aplaude que se realice una apuesta ambiciosa por la vivienda de protección, un bien cada vez más necesario en la ciudad más poblada de Galicia, entre otros motivos, por la subida de los precios tanto de alquiler como de compra. Según el portal Idealista, se reclama de media por cada metro cuadrado 9,8 euros –5,5% más que hace un año– y 2.114 euros –1,7% más–, respectivamente. La vivienda protegida es una asignatura que, en Vigo, suspenden todas las administraciones que tienen competencias al respecto. Basta con echar un ojo a la cifra de demandantes de viviendas protegidas para advertir que se trata de un problema enquistado: estaban inscritos más de 7.000 en el registro único de la Xunta, pero más de 1.500 fueron dados de baja tras caducar su inscripción.

Suscríbete para seguir leyendo