El Concello niega que el Plan Xeral reduzca la protección en los BIC de Castrelos y O Castro

Mientras la ciudad espera por la aprobación definitiva del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), clave para el desarrollo de vivienda y dotaciones, el Concello y la Xunta continúan su disputa dialéctica con cruces de acusaciones. La responsable de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento, María José Caride, desmintió al gobierno gallego en un audio remitido a los medios de comunicación en el que destaca que “no existe ningún recorte a la protección en Castrelos ni O Castro”, donde hay bienes de interés cultural (BIC).

Respondió así a la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que, como se indica en el que informe elaborado por la Xunta y remitido el lunes al Concello –aparecen otras correcciones–, señalaron que la entidad municipal “retirou a protección á fortaleza do Castro e ao parque de Castrelos, o que pon en perigo dúas xoias patrimoniais da cidade”.

“Todos los elementos que tienen criterios objetivos para poder ser incorporados a un catálogo se han incorporado. Aquellos elementos que tienen elementos subjetivos para su catalogación, dentro de la autonomía local, algunos los hemos catalogado, bastantes, y otros entendemos que no reúnen los requisitos para poder ser catalogados”, defendió Caride antes de indicar que la Xunta, “si determina que hay un valor patrimonial en alguno de esos elementos, que abra un expediente: “Que lo catalogue e, inmediatamente, el Concello de Vigo lo incorporará a su Plan Xeral. Pero no es así. No puede hacer el Concello de Vigo el trabajo que es de la Xunta de Galicia. Que confirme esa reunión que le hemos propuesto –con la directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, María Encarnación Rivas Díaz– para que clarifique el escenario en el que nos movemos”.

La concejala criticó que, de los 28 informes que tuvo el PXOM, la Xunta solo destaca uno. “Dice que puede haber algún problema, pero vemos que no es cierto en la realidad”, señaló, a la vez que vinculó esta negativa del gobierno gallego con la “posición antiVigo” del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, “y de todos los que forman parte de su estrategia de abandono y discriminación a la ciudad”.