Una escopeta Beretta ilegal, notas de suicidio y 27 cartuchos: así se preparó el crimen machista de Oia

El 3 de junio de 2023 Víctor G.D., de profesión guardia civil, condujo una furgoneta Mercedes Vito de color rojo y con los cristales tintados hasta las puertas del camping O Muiño de Oia. De tipo camper, la había alquilado días antes. La estacionó y esperó pacientemente a que su expareja finalizase su jornada laboral. Cuando minutos después de las cuatro de la tarde Ana Vanessa Serén salió al exterior, le disparó con una escopeta marca Beretta del calibre 12 que había obtenido de forma ilegal. Pese a que la mujer estaba bajo protección policial por ser víctima de violencia de género y se había dictado a su favor una medida que prohibía al agresor acercarse o comunicarse con ella, el hombre, que preparó al detalle la acción homicida, la mató a plena luz del día. Horas después, cercado por un amplio dispositivo policial en un monte cercano, se quitó la vida asestándose un certero tiro en la cabeza. El suicidio, según pudieron comprobar después los investigadores, también formaba parte del macabro plan trazado.

Con la muerte del autor de un delito queda extinguida también la responsabilidad penal. Esta es la razón por la que el Juzgado de Instrucción 1 de Tui primero y la Audiencia Provincial de Pontevedra en un auto más reciente archivan la causa penal por el crimen de Ana Vanessa. Tras la primera resolución, la del juez instructor, la familia de la víctima recurrió en apelación oponiéndose el sobreseimiento y solicitando la práctica de diligencias de investigación, entre ellas requerir a la Guardia Civil para que informase sobre el expediente interno que se le había abierto al autor del crimen en el cuerpo policial –que conllevó que le retirasen el arma oficial y fuese destinado a labores de oficina– y sobre el hecho de que siguiese trabajando como agente pese a haber sido denunciado por violencia de género. También solicitaron que se librase oficio para que los investigadores proporcionasen toda la información de la escopeta del asesinato. “Dado que el arma no está registrada se deduce que su adquisición se realizó por canales ilícitos y con la participación de tercera o terceras personas que proporcionaron la escopeta y por tanto autores de un delito de tráfico de armas y cómplices de asesinato”, exponían en el recurso.

Hechos "suficientemente esclarecidos"

La Sección Segunda del órgano provincial pontevedrés desestima estas peticiones y confirma el archivo en una resolución ya firme. Penalmente hablando los hechos “están suficientemente esclarecidos” ya que quedó acreditado que Víctor G.D. fue quien disparó a su expareja: fue identificado por testigos, él mismo lo admitió antes de suicidarse ante los agentes que lo cercaron y los “vestigios materiales” recuperados no hicieron más que “reforzar” esta tesis. Está claro quién fue el autor, pero dado que falleció y no se puede dirigir la acción penal contra él, el caso debe cerrarse sin juicio. Eso sí, indican los magistrados, la lucha judicial podría seguir en otra vía distinta a la penal. “La petición de diligencias de los recurrentes podría tener relevancia de cara a una posible reclamación de indemnización que deberá ser realizada en el correspondiente procedimiento civil”.

Letalidad

Junto a quedar clara la autoría, la sala indica que la investigación también acredita que hubo una planificación previa por parte del hoy fallecido para “asegurar la comisión de la agresión sobre su pareja y posteriormente acabar con su propia vida”. El indicio más claro, el hecho de que consiguió ilegalmente la escopeta y la propia munición, destacando la “especial letalidad” de los cartuchos municionados con bala que disparó.

La inspección técnico ocular no dejó lugar a dudas sobre esa preparación previa. Junto a varias notas manuscritas donde anunciaba su intención de matar a su expareja y de suicidarse posteriormente, en la furgoneta se hallaron 18 cartuchos del calibre 12, que se unen a dos más que había junto al cadáver del guardia civil y otros tres que tenía en el bolsillo de su sudadera. La escopeta no estaba registrada en España, si bien no trascendió si finalmente los investigadores averiguaron la procedencia de la misma.

El agente antes de suicidarse: “El arma la conseguí yo, no quiero enmarronar a nadie”

El guardia civil que mató a Ana Vanessa Serén estaba destinado en el puesto de Baiona desde septiembre de 2021. En 2022 estuvo cuatro meses de baja médica y fue cuando se le retiró su arma reglamentaria. Cuando se reincorporó, pasó a prestar servicio sin arma y fue derivado al área de atención al ciudadano, concretamente a la oficina de denuncias. Eso desde un punto de vista laboral. En cuanto a las denuncias por violencia de género que presentó la víctima contra él, la primera data de noviembre de 2021, cuando este hombre estaba destinado en Asturias. Vanessa desistió en aquella ocasión al no sentirse apoyada como víctima.

La segunda es de dos meses antes del asesinato: Víctor fue detenido, pero quedó libre a la espera de juicio. Ni la orden de alejamiento decretada judicialmente ni la protección policial activada –se consideró a la víctima como de riesgo medio– evitaron el crimen. El auto de la Audiencia que archiva la causa penal refiere que, tras cometer el asesinato y cuando estaba acorralado en el monte, el hombre, entre otras cuestiones, habló sobre la escopeta Beretta con la que acababa de quitar la vida a su expareja y con la que él mismo se suicidaría poco después. “No quiero involucrar a nadie, la conseguí por mí mismo”, dijo a uno de los agentes. “No quiero ‘enmarronar’ a nadie”, le contestó a otro, concretando, como después se comprobó, que el arma de fuego era del calibre 12 y la llevaba con un cartucho en la recámara y dos más municionados.

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