Transportes licita el estudio para cuantificar el “efecto llamada” de las rebajas de la AP-9

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible pone en marcha una licitación con la intención de que una empresa especializada elabore un estudio técnico especializado para proporcionar los valores de la elasticidad de la demanda al precio y el tráfico captado/inducido que se haya podido producir con la aplicación de las bonificaciones establecidas en el Real Decreto 681/2021 de 27 de julio en la autopista del Atlántico, convenio que contempla la realización de este paso al tercer año (julio de 2024). El presupuesto base de licitación estimado asciende a más de 114.800 euros (con el IVA ya incluido) y el plazo de ejecución máximo se establece en siete meses.

En román paladino: el Gobierno quiere conocer qué porcentaje del crecimiento del tráfico del vial se debe a que sale más barato o gratis para los conductores. ¿Por qué? Porque le corresponde devolver a Audasa (Autopistas del Atlántico Concesionaria Española SA), la concesionaria de la infraestructura, la cantidad correspondiente al peaje de estos usuarios, puesto que se entiende que acudieron a esta lengua de asfalto motivados por la medida del Ejecutivo central, y el Estado no le abona los peajes no pagados por los usuarios, ya sean por viajes de vuelta o de ida y vuelta –tramo Vigo-Redondela, por ejemplo–. En todo caso, a falta de este estudio para poder concretar los números, lo que se hace ahora para ajustar los pagos a la empresa es hallar una cantidad estimada. El objetivo es que la gestora de la autopista ni gane ni pierda con el establecimiento de las bonificaciones.

Según consta en el pliego, se determinarán los valores de la elasticidad y del tráfico captado/inducido desde el momento de aplicación de las medidas (29 de julio de 2021), a un año (28 de julio de 2022), a dos (28 de julio de 2023) y a tres (28 de julio de 2024) y se analizará la existencia de corredores alternativos, su calidad y su relación con la posible inducción de tráfico. Además, se incluirán todos los modos de transporte terrestre, por lo que deberán reflejarse las opciones por carretera y ferrocarril.

La elaboración de dicho estudio requiere el conocimiento y realización de múltiples tareas especializadas, como estudios de tráfico, aplicación de efectos macroeconómicos al tráfico, tratamientos de grandes bases de datos y elaboración, en definitiva, de modelos de transporte, interpretación de los mismos y la redacción de informes técnicos especializados.

Se obtendrán los datos de aforo de tráfico existentes, se procederá a la elaboración y ejecución de un plan de encuestas para conocer preferencias reveladas –decisiones tomadas– de los usuarios con motivo del establecimiento de las medidas de bonificación recogidas en el Real Decreto 681/2021 –se contemplarán, al menos, dos días laborables y uno festivo con dos repeticiones en diferentes fechas para su realización– y se recurrirá al soporte proporcionado por los datos de telefonía móvil si fueran necesarios.

Hace días, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible comenzó otra licitación por más de 2 millones de euros: para poner a disposición de la Delegación del Gobierno medios humanos y materiales con el objetivo de verificar que los tránsitos de vehículos ligeros y pesados bonificables proporcionados por Audasa son correctos. Este proceso, señalado en el real decreto, permitirá, además, “calcular la compensación económica” a esta sociedad motivada por la aplicación de las bonificaciones aplicadas a los conductores que utilizan el telepeaje y profesionales desde finales de julio de 2021.

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