Comunidades de vecinos piden un registro de morosos para no alquilar a inquilinos que no paguen

En un momento como el actual en el que la población se enfrenta a un encarecimiento desproporcionado de la cesta de la compra, la factura de la luz, la vivienda y de prácticamente todos los servicios, muchas personas se ven abocadas a tener que recortar gastos e incluso a dejar de abonar algún pago. Y algunos han decidido que, a la hora de priorizar, es preferible por ejemplo no pagar la cuota de la comunidad de vecinos o incluso la mensualidad del alquiler antes que otros abonos.

Esto ha provocado un importante aumento de impagos en las comunidades de vecinos, generando desfases en el estado de las cuentas tanto de la propia comunidad como de, obviamente, los propietarios, que ven cómo sufren en algunos casos retrasos en el alquiler. En Vigo es un fenómeno que se ha acentuado especialmente desde el estallido de la pandemia y que se ha agravado con la inflación de estos últimos meses.

Por ello, tanto el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (Coafga), como profesionales del sector de la ciudad, apuestan por la creación de un registro de morosos para dar confianza a los arrendadores y disuadir del alquiler a aquellas personas que no estén dispuestas a afrontar los pagos. Los colegiados señalan que “la existencia de una base de datos de malos pagadores tendría numerosas ventajas, como la de proteger a los propietarios, que podrían consultar si un inquilino tiene un historial deudor, para poder tomar una decisión informada sobre riesgo de impago en el momento de alquilar su inmueble”. “Esta medida también fomentaría el abono puntual de los inquilinos, para evitar que quedase registrada su posible morosidad”, añaden.

Las comunidades de propietarios denuncian que en la nueva ley de vivienda aprobada por el Gobierno “solo se ha tenido en cuenta el alquiler de las zonas denominadas calientes o de gran turismo y no el resto de las localidades, que quedan sujetas a las mismas imposiciones, lo que hará disminuir la vivienda disponible para alquiler”. También advierten que “escasearán los alquileres mientras no se protejan los intereses de los propietarios de los inmuebles y se eliminen los topes de precio que, lejos de dinamizar el mercado, harán que se contraiga más, dificultando el acceso a la vivienda”.

“Medidas como la anterior, no poder desalojar a inquilinos que causan problemas en el edificio, que no pagan la renta o que han okupado el inmueble, no harán sino reducir todavía más la oferta de arrendamientos”, agregan los administradores de fincas. En este sentido, señalan que “el texto actual no soluciona el problema de las okupaciones, es más, dificulta los desahucios”.

También subrayan que, si se le ofrece seguridad al arrendador, ello repercutirá en beneficio del arrendatario, lo que se verá reflejado en un mayor número de viviendas en el mercado “con la consiguiente baja de precios”. Dicha seguridad, apuntan, “permitirá también invertir en las propiedades que lo necesitan, facilitando que las viviendas sean espacios dignos”.

Ni al conjunto de propietarios de Vigo ni tampoco a los administradores de fincas convencen las regulaciones del Gobierno: “Las últimas políticas de vivienda y la ley de arrendamientos urbanos crean inseguridad jurídica, por eso los propietarios optan por crear viviendas turísticas o arrendar las habitaciones para poder complementar sus ingresos en vez de alquilar su vivienda”.

También aclaran que, para ellos, la situación actual del mercado inmobiliario es fruto de la realidad social. “Hoy en día hay más demanda de vivienda porque los jóvenes se quieren marchar de casa cuanto antes y los padres y los abuelos se quedan en su propia vivienda (antes vivían abuelos y nietos en la misma casa), y si a eso se suma que no se construye tanto como hace unos años, y que casi no hay pisos sociales, pus ahí está el problema”, señalan los administradores de fincas colegiados.

Estos profesionales alertan además de que la nueva ley de vivienda “se olvida” de regular los pisos turísticos, un problema añadido para las comunidades de propietarios que no saben cómo proceder ante los alquileres vacacionales, que ya se ven cómo una alternativa a los arrendamientos tradicionales. Sin ir más lejos, Vigo ya es el segundo municipio de Galicia con más apartamentos turísticos, solo por detrás de Sanxenxo. Y en la ciudad olívica este tipo de oferta duplica ya al alquiler tradicional, de ahí que las comunidades de propietarios pidan una regulación.

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