La picaresca por la subida de la luz: lavadoras, neveras o radiadores “enchufados” al trastero

La picaresca está presente en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Y como no podía ser de otra forma, las comunidades de vecinos no se libran de ella. Sobre todo cuando se trata de ahorrarse unos euros y que sean otros los que los paguen. Está sucediendo por ejemplo con las facturas eléctricas. Edificios de viviendas de Vigo están detectando que hay residentes que están conectando a las tomas de luz de los trasteros electrodomésticos como neveras, lavadoras, radiadores o deshumidificadores.

Esto no quedaría en anécdota si no fuera porque en la mayoría de los edificios medianamente antiguos, la factura eléctrica es comunitaria salvo el consumo propio de las viviendas. Es decir, para evitar pagar de más de forma individual, se aprovechan del abastecimiento comunitario para que su consumo sea repartido entre el resto de vecinos. Un comportamiento que los administradores de fincas coinciden en tildar de “egoísta” y que, obviamente, es ilegal.

Las alarmas están saltando en numerosas comunidades de fincas de la ciudad, en las que están llegando facturas de luz con importes desproporcionados. “En estos casos, lo que se hace es llamar a un especialista para que determine y compruebe con exactitud el origen de los consumos”, explica Martín Bermúdez de la Puente, presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (Coafga).

Cuando se detecta una utilización anómala de las fuentes eléctricas del edificio, se suele llamar a un electricista para que realice las mediciones oportunas en el cuadro general de consumo del inmueble. Y es precisamente aquí cuando se identifica qué vecino concreto se ha estado aprovechando de la toma general, en muchos casos en un trastero y a través de la conexión de diferentes tipos de electrodomésticos.

Y aquí es cuando los propietarios pueden actuar contra el o los responsables de inflar el recibo de la luz comunitario. En primer lugar, tal y como apuntan desde Coafga, se intenta llegar a un acuerdo con el vecino que ha estado actuando de forma ilegal, reclamándole el coste económico que ha supuesto para el edificio su mal comportamiento. El objetivo de este diálogo previo es no tener que llegar a la vía judicial. Pero en muchos casos, los vecinos huyen de cualquier responsabilidad, por lo que la única salida es demandarle y que sea un juez el que le obligue a pagar por lo que le ha hecho y, en muchos casos, tenga que abonar una multa superior al coste económico que han supuesto sus consumos eléctricos.

Tal y como apuntan desde la empresa de seguridad Prevent Security Systems, “los trasteros sólo disponen de una dotación de electricidad exclusiva para iluminación, no tienen siquiera un enchufe. A pesar de esto y de que la gran mayoría de los propietarios son conscientes de que la electricidad del trastero es un gasto común de la comunidad de propietarios, en muchas ocasiones se hace un uso irregular de estos, dotando al trastero de enchufe y conectando en muchas ocasiones neveras o congeladores. Un trastero no es un taller, ni una oficina, ni un dormitorio, ni una lavandería, ni una sala de conciertos... Son una solución a la falta de espacio en la vivienda”, apuntan

Hay que tener en cuenta no obstante que conectar aparatos eléctricos a los trasteros de los edificios no solo supone engordar de forma ilegal el recibo comunitario de luz, sino que también es un problema de seguridad, ya que incrementa el riesgo de siniestro: una sobrecarga de la instalación eléctrica puede provocar incendios u otros daños en el edificio. Y además, también se debe especificar al ser un uso irregular de los trasteros por parte de los vecinos, el seguro de la comunidad no cubriría los daños de eses siniestro, lo que dejaría totalmente expuestos tanto a los residentes como a la comunidad.

Administradores reclaman una nueva Ley de Propiedad Horizontal

Los administradores de fincas colegiados de Galicia reclaman una nueva Ley de Propiedad Horizontal ya que la norma actual, de 1960, “ha quedado obsoleta y adolece de falta de claridad y concisión”. Los profesionales piden la redacción de un texto actualizado que responda a las necesidades de los edificios del siglo XXI, que son totalmente diferentes a las de los inmuebles de hace más de sesenta años. Por ejemplo, recuerdan, la actual ley no tiene en cuenta las nuevas formas de convivencia que se han desarrollado en los últimos años, como las comunidades de vecinos formadas por pisos turísticos o los coworkings.

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