La patronal cifra en más de 40 los bajos y viviendas okupadas

Entre 40 y 60 propiedades –viviendas y bajos– en la ciudad son víctimas de presuntas usurpaciones y allanamientos, según estimaciones de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein). La patronal destaca que entre el 70 y 80% son propiedad de entidades bancarias, la Sareb (Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, también conocida como banco malo) y fondos de inversión. El resto son de particulares o de administraciones públicas.

El presidente de Fegein, Benito Iglesias, advierte de que la problemática de la okupación “se está cronificando en Galicia” y “ya constituye un grave problema social al no existir una respuesta jurídica uniforme”. “Se está enquistando en las grandes ciudades y municipios costeros más turísticos. Una buena parte de las okupaciones se producen únicamente para la presunta obtención de un lucro económico ilegal presionando a los legítimos propietarios para tal fin”, detalla.

El informe del que se extraen los datos, publicado recientemente por Fegein, indica que, en Vigo, las zonas más afectadas por las okupaciones son Teis, O Calvario, Cabral, Travesía y calles del centro como Areal, Cervantes, Esperanto, Progreso, Gran Vía, Alfonso XII, así como el Casco Vello. El norte de Galicia acapara el 66% de las okupaciones. La ciudad de A Coruña es la más afectada, seguida de la olívica y Lugo. Pontevedra es la menos afectada, según la información facilitada por la patronal.

Fegein cree que la solución a las okupaciones pasa por realizar desalojos en 24 horas una vez conocido por las fuerzas de seguridad el presunto hecho delictivo, recuperar del Código Penal el delito de usurpación de bienes inmuebles, impedir desde las administraciones públicas el empadronamiento de las personas que okupen ilegalmente una propiedad privada y un endurecimiento de las penas en caso de que se trate de grupos mafiosos detrás de okupaciones que únicamente buscan un fin económico ilegal y extorsionador.

Benito Iglesias apunta que este problema se ha agravado en el último año y muchas de las ocupaciones “ya ni siquiera se denuncian ante la inseguridad jurídica y la tardanza judicial para solucionar la situación”. “Cada vez hay más propietarios afectados por esta lacra que contratan servicios de empresas de okupaciones o intentan llegar a un acuerdo económico con los okupas”. Añade que cuatro de cada cinco propietarios que ponen su vivienda en arrendamiento se sienten preocupados por su posible okupación o impagos de rentas.

El representante de la patronal lamenta que el coste de los propietarios es altísimo, puesto que, “además de verse privados del uso de sus viviendas, tienen que asumir el pago de los suministros que tengan contratados a su nombre, además de seguir pagando los gastos comunitarios y, por último, todos los gastos jurídicos que conlleven la tramitación procedimientos judiciales y los desperfectos existentes tras la marcha de los okupas”. “Recomendamos tener dados de baja los suministros del hogar, como la luz, el agua o el gas, en aquellas viviendas en las que se puede cometer un delito de usurpación”, finaliza.