Madrid saldará con 400 millones la deuda con Audasa y mitigará el alza de peajes en la AP-9

La losa que supone para miles de gallegos el paso por las cabinas de peaje de la Autopista del Atlántico se reducirá gracias a una de las medidas más significativas del Gobierno a medio y largo plazo: la amortización de toda la deuda pendiente con Autopistas del Atlántico (Audasa) por la ampliación de la AP-9. Y es que, con el pago de una cantidad cercana a los 400 millones de euros, los usuarios dejarán de padecer la subida adicional cada año del 1% en las tarifas de la autopista –al margen de las alzas ordinarias–, quedando en unas condiciones similares a las del resto de la red estatal de pago.

Según informó ayer el periódico económico Cinco Días, el Ejecutivo central habría llegado a un acuerdo con la concesionaria propiedad del grupo Itínere, con Abertis (propietaria de la AP-6 entre Collado Villalba) y el fondo Vaiban, que gestiona la AP-46 entre el Alto de Las Pedrizas y Málaga. De todas ellas, la principal arteria de tráfico de Galicia es la que contaba con unas condiciones económicas más favorables para la concesionaria. El coste del dinero cifró el interés anual a pagar por el crédito en una tasa superior al 8%, por lo que más de la mitad de los 800 millones de euros que el Ministerio de Transportes destinará a esta solución sean para la empresa que gestiona y cobra los peajes gallegos. Esa tasa es tres veces superior a los tipos marcados por el Banco Central Europeo (BCE), por ejemplo, y más de dos veces la ratio actual del euríbor.

Las obras de ampliación en el Puente de Rande –hasta los tres carriles por sentido– y la circunvalación de Santiago de Compostela –hasta seis carriles en algunos tramos– obligaron al Estado a buscar una forma de financiación alternativa. De esta forma, los 270 millones de euros fueron asumidos en su momento por Audasa ante la delicada situación de las cuentas públicas. El Real Decreto 1733/2011 del 18 de noviembre establece “un incremento extraordinario de tarifas en los recorridos con pago directo por los usuarios de la autopista AP-9, en todos sus tramos, del 1% anual acumulativo durante veinte años”. Esta subida adicional entró en vigor el 1 de enero de 2018, no sin polémica, ya que las obras fueron inauguradas unos días antes sin estar finalizadas por completo al no estar operativos los escapes de emergencia del Puente de Rande o no haberse realizado la prueba de carga en los nuevos carriles.

Desde entonces, la concesionaria ha ido recuperando parte de esos 270 millones de euros con la subida extra del 1% al IPC durante los últimos cinco años. Ya con el RD 681/2021, con el cual entraban en vigor las bonificaciones para viajeros recurrentes, el Gobierno se reservó la posibilidad de dedicar los remanentes de la cantidad presupuestada a amortizar (saldar) esta deuda. En 2021, y al no cumplirse las previsiones de tráfico, aproximadamente la mitad de los más de 50 millones de euros estipulados se destinaron a este fin.

Rueda reclamará directamente al Gobierno que pare el alza en la AP-9: "Solo es querer hacerlo"

El porcentaje definitivo de subida de las autopistas quedará definido en el último Consejo de Ministros del año, previsto para el martes, aunque es probable que se celebre una sesión extraordinaria el jueves día 29. Sobre la mesa está la propuesta de las concesionarias de aplicar el IPC de noviembre del 8,4% que, sumando al 1% adicional de la AP-9, dejaría el viaje entre Vigo y A Coruña en casi 20 euros.

Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana señalan que “se están analizando diferentes alternativas” para definir ese incremento. El objetivo, en cualquier caso, es de reducir su impacto del IPC en los ciudadanos y cuenta con “la vocación de afrontar la espiral inflacionista”. De esta manera se suma a otras medidas clave del departamento dirigido por Raquel Sánchez Jiménez como la gratuidad de los bonos de Media Distancia y Cercanías o la bonificación de 20 céntimos por litro en los combustibles.

Estas iniciativas, claves para miles de trabajadores y sectores como el pesquero, están a la espera de confirmar sus nuevas condiciones a partir del domingo 1 de enero ya que “no hay nada definido y todavía se está trabajando”. Solamente Renfe ha dejado entrever en su página web que los citados abonos para trenes declarados como Obligación de Servicio Público (OSP) serán renovados en cada cuatrimestre, sin que se haya confirmado por ahora un nuevo precio para su fianza o cambios en el número de viajes necesarios para recuperarla.

El milagro de los beneficios y la deuda permanentes

Los bonos son un mecanismo alternativo a la financiación bancaria al que recurren habitualmente las empresas. Se realiza una emisión –es deuda corporativa–, a cambio de un tipo de interés y con un periodo determinado de amortización. Es decir, se cambia papel por dinero; al cumplirse la fecha definida en esa emisión (un año, tres años o el que sea) hay que repagar a los inversores. Autopistas del Atlántico, la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, ha realizado ocho emisiones de deuda en los últimos diez años. ¿Lo ha hecho para mejorar la posición de su balance, para sufragar inversiones o para rebajar los costes financieros? No. Audasa emite deuda para, principalmente, pagar a los inversores por operaciones anteriores, de ahí que coloque nuevos bonos en el mercado casi cada año. Por eso su deuda nunca se reduce, como figura en sus estados contables remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Así se constata, por ejemplo, en el folleto que hizo público en su última emisión de bonos, el pasado mes de abril. El objetivo, textualmente, era el siguiente: “Se refinanciará parte de la deuda financiera de la Sociedad, entre la que se encuentra el vencimiento de una emisión de obligaciones fiscalmente bonificadas el 16 de mayo de 2022 por importe de 180.303.600 euros”. Dicho de otro modo, esta emisión le permitirá amortizar (repagar) íntegramente una emisión de deuda lanzada en el año 2012. Este es el motivo por el que Audasa, pese a haber sumado notables beneficios año tras año, no reduce sus deudas. Todo lo contrario. De acuerdo a sus propias cuentas, la compañía ha repartido entre sus accionistas cerca de 467 millones de euros en dividendos desde el año 2011, lo que la convierte en una de las estrellas en rentabilidad del panorama empresarial español. En ese mismo periodo, su deuda financiera neta engordó más de un 27%. En resumen: por cada diez euros que repartía entre sus socios, elevaba su pasivo en casi cinco.

Suscríbete para seguir leyendo