Los límites de los ámbitos de competencia entre la Autoridad Portuaria y el Concello han sido una constante fuente de disputas en la ciudad en la última década. Sin embargo, a través de sentencias y resoluciones de otras instituciones, estas fronteras se han ido definiendo.

El último caso ha llegado en uno de los puntos más importantes del tráfico en la ciudad y cuyo correcto mantenimiento es clave para evitar retenciones en el casco urbano. Se trata del viaducto de la VG-20 sobre la bahía de Bouzas y la rotonda que se encuentra en su parte final y, cuyo mantenimiento y acondicionamiento, estaba en entredicho desde un accidente el pasado 16 de mayo en el que un conductor de 83 años quedó atrapado en su vehículo tras volcar a su paso por la glorieta.

Tras desprenderse parte del hormigón del viaducto al mar, el Puerto consultó al Ministerio de Transportes cuál debía ser el procedimiento para la limpieza de estos restos caídos al paseo inferior e incluso el fondo del mar. Sin embargo, la cartera dirigida por Raquel Sánchez Jiménez señaló al Concello como único responsable de estos trabajos.

Esta acondicionamiento debería realizarse también con unos cables que quedaron al descubierto en el tramo final del puente y cuya situación también preocupaba a la entidad presidida por Jesús Vázquez Almuiña.

Y es que a pesar de que la VG-20, al igual que todas las autovías urbanas de España –a excepción de la M-30– es de titularidad estatal, el Ministerio y el Concello tienen suscrito un convenio desde hace años en el que especifica que esta parte final de la ronda y los túneles entre Navia y Alcabre son de responsabilidad municipal.

A finales de la década pasada, el uso de cinemómetros por parte del Concello en el radar ubicado en la parte final del túnel en sentido Bouzas dejó en el aire miles de multas tras rechazar el Ministerio de Fomento su uso.