Cada año que pasa el fenómeno se acrecienta. En 2015 se aprobó en España la Ley de Segunda Oportunidad, una norma que provocó que los concursos de acreedores dejasen de ser exclusivos de las empresas. Cualquier particular que estuviese atravesando un grave bache económico y que cumpliese los requisitos exigidos podía desde ese momento declararse en quiebra, librarse de las deudas, poner el contador a cero y volver a empezar. Los comienzos fueron tímidos. En 2016, 2017 o 2018 pocas fueron las familias que se animaron a afrontar este procedimiento judicial, se contaban con los dedos de una mano. Los casos empezaron sin embargo a aumentar en 2019 y desde entonces no dejaron de crecer. Tanto, que en el arranque de este 2022 se han registrado cifras de récord. Y es que los juzgados de Vigo y del resto de la provincia de Pontevedra contabilizaron entre enero y marzo 63 concursos de personas físicas, una abultada cifra que tiene dos lecturas: por un lado se traduce en un caso diario –contabilizando las jornadas laborales– y por otro supone que estos concursos no solo superan, sino que ya duplican a los tradicionales, los de las empresas, de los que solo hubo 30, algo en lo que influye la moratoria declarada por el Gobierno a causa del COVID –aún vigente– y que exime a las industrias en situación de insolvencia del deber de declararse en concurso.
La confirmación de que los concursos de acreedores son una herramienta cada vez más al servicio de las familias que pasan serias dificultades económicas –que son tramitados por los juzgados de Primera Intancia frente a los de empresas que competen a los tribunales de lo Mercantil– es uno de los datos más destacados del informe sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, publicado ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los 63 procedimientos concursales solicitados por particulares en el primer trimestre de este año en toda la provincia pontevedresa son prácticamente el doble que los 33 contabilizados en 2021 y suponen la friolera de un 950% más que los únicamente 6 que hubo en el mismo período de 2018, hace solo cinco años. Mientras, los de empresas –y empresarios– fueron 30, una cifra que se mantiene en términos similares a las de los últimos años, una vez se superó la avalancha que derivó de la grave crisis económica de 2008.
Otros indicadores
El Consejo General del Poder Judicial analiza otro tipo de procedimientos judiciales que son claves a la hora de analizar el devenir económico de una región. Otro dato que destaca es el de las demandas monitorias, el pleito estrella en lo que a reclamaciones económicas se refiere. Entre enero y marzo de este año hubo 4.071 causas de estas características en Vigo y el resto de la provincia, la cifra más alta desde 2010. La avalancha de litigios que presentan los fondos buitre tiene mucho que ver en que estos casos no dejen de crecer.
Más de 3.300 litigios de cláusulas suelo siguen esperando sentencia
El informe del CGPJ se detiene también a analizar las demandas del suelo hipotecario y de otras cláusulas abusivas que se incluyen en estos préstamos. El fenómeno que se disparó en 2017 con la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) aún no se ha agotado y buena prueba de ello es que entre enero y marzo los juzgados de Vigo y del resto del territorio pontevedrés registraron 302 litigios. O lo que es lo mismo, 23 procedimientos cada semana.
Tras varios años siendo asumidos en exclusiva por Vigo, ahora este tipo de casos ya se reparten por los juzgados civiles de toda la provincial. Pero en la ciudad olívica se concentra todavía el colapso derivado del aluvión de causas de cláusulas suelo formalizadas en los últimos años: aún se acumulan 3.380 pleitos a la espera de sentencia. El récord se alcanzó en 2019, cuando llegó a haber casi 4.500 asuntos pendientes.
Otro indicador son las ejecuciones hipotecarias. En el primer trimestre del año se contabilizaron 71, diez menos que en el mismo período de un año antes. En cuanto a desahucios practicados, fueron 199, un 28% más que un año antes. La mayoría –143– son por impago de alquiler, muy por delante que los correspondientes a hipotecas.
Lo que disminuyó fueron las demandas de despido. El COVID –y sus consecuencias económicas– parece no haberse cebado con el empleo: hubo 405 pleitos, un 4% menos que el año anterior y la cifra más baja desde 2007, antes de que estallase la crisis de 2008. Los litigios de trabajadores por salarios también bajaron a 591, el registro más bajo de los últimos años.
Solo 15 pleitos civiles por okupaciones de viviendas
En Vigo y el resto de Pontevedra se presentaron durante los tres primeros meses de 2022 un total de 15 demandas civiles por okupación ilegal de viviendas. Pese a la alarma social que causa este fenómeno, lo cierto es que al menos las cifras judiciales arrojan que la usurpación de inmuebles no es un problema grave en la provincia.
