A raíz de la crisis económica derivada de 2008 el fenómeno ya se empezó a notar. Pero fue en 2014 y sobre todo en 2015 cuando irrumpió con fuerza. Los “fondos buitre”, esas sociedades extranjeras con sede en países como Luxemburgo, Noruega, Suecia o Irlanda, llevan ya siete años aportando todo un aluvión de pleitos a los juzgados civiles de Vigo. Y lejos de echar el freno, la avalancha va a más, hasta el punto de ser unos de los principales causantes del colapso que afecta a estos tribunales. Las demandas entran sin cesar y el número de empresas de estas características no deja de multiplicarse: la cifra todavía es superior, pero al menos hay más de una veintena de fondos que están litigando de forma muy activa en la urbe olívica.
“Muchísima deuda de cajas de ahorro, bancos y otras entidades financieras que está en fase de ejecución en los juzgados ha pasado a manos de estas sociedades”, confirman en un juzgado de Primera Instancia para ejemplificar la magnitud del fenómeno. Los “fondos buitre” compran deuda a precio de saldo para después reclamar esas cantidades impagadas en la vía judicial. Se convierten en los nuevos acreedores. La adquieren sobre todo a los bancos, pero también a financieras vinculadas a grandes centros comerciales y a compañías telefónicas. Y después no es raro que se traspasen esos créditos entre ellos mismos. Eso lo saben bien en los juzgados de Vigo, donde en los últimos años han visto como un mismo procedimiento judicial ha llegado a ser impulsado por hasta tres firmas de recobro distintas. “Debido a las sucesivas ventas de una misma deuda”, explican.
Más de 20 sociedades extranjeras
Decenas de sociedades han impulsado procedimientos en los juzgados olívicos, bien pidiendo la reapertura de viejos pleitos que estaban archivados provisionalmente o instando nuevos litigios por la vía del monitorio, la que se constituye como la demanda estrella en la jurisdicción civil para reclamar impagos. Fuentes judiciales identifican más de una veintena de fondos que a día de hoy o en los últimos tiempos han estado litigando con fuerza. Otros están empezando a surgir. ¿Cuáles son esas empresas que protagonizan tantos pleitos en Vigo? Pues en el listado están EOS Spain, Pra Iberia, Cabot Asset Purchases, Intrum Holding Spain, Intrum Justitia Ibérica, TTI Finance, Invest Capital, Link Finanzas, Asbury Park, Hoist Finance Spain, Medius Collection, Promontoria Ares, Cabot Securisitation Europe o XMMT Financing DAT. También, entre otras, Aiquon Capital, Orado Investments, Estrella Receivables LTD, Torrington Commercial o Axactor.
Las que judicialmente se conocen como cesiones de crédito son uno de los motivos de que la carga de trabajo se haya disparado en los juzgados de Primera Instancia de Vigo: a día de hoy ya hay dos juezas de refuerzo, pero está en estudio poner en marcha dentro de unos meses un tribunal completo de apoyo formado por magistrado, letrado de la Administración de Justicia y varios funcionarios.
El fenómeno de los “fondos buitre” no solo ha provocado un aumento de trabajo desde un punto de vista cuantitativo. Hay más casos, pero a ello se une que además suelen ser procedimientos farragosos en su tramitación, por la necesidad de verificar que el cambio de acreedor se hizo de forma correcta o que la deuda consta de forma fehaciente. También hay que revisar la posible existencia de cláusulas abusivas.
El despertar de las demandas de los 90
Un expediente cuyas páginas ya revelan a simple vista su antigüedad. Data de 1990 y versa sobre la demanda judicial presentada aquel año por el Banco de Galicia por el impago de algo más de cuatro millones de las antiguas pesetas. Una cantidad nada despreciable en la actualidad y mucho menos en aquella época. Pues este procedimiento en fase de ejecución que data ya de hace más de 30 años permanece en la actualidad abierto en uno de los juzgados civiles de Vigo. El fondo Asbury Park S.A. adquirió el crédito al banco en 2010 y se personó en el tribunal pidiendo reactivar la ejecución, que permanecía archivada provisionalmente: el caso se reaperturó y así sigue a día de hoy ya que, aunque hubo algunos movimientos y se abonaron ciertas cuantías, la deuda no ha sido todavía satisfecha en su totalidad. Este es solo un ejemplo de como la litigiosidad de los “fondos buitre” ha derivado en la reapertura de cientos de asuntos en los últimos años en los tribunales de Primera Instancia. Al contrario de lo que ocurre con los delitos penales, las deudas no caducan. “La ejecución no termina hasta la completa satisfacción del acreedor”, explica la letrada de la Administración de Justicia de una de estas salas. Eso sí, el juzgado no actúa de oficio y cualquier movimiento debe hacerse a petición de la parte interesada.
Sucesión procesal
Los fondos han contribuido a despertar expedientes que permanecían desde hacía décadas en situación de archivo provisional, pero en ocasiones, y últimamente por ejemplo está ocurriendo, son los propios bancos los que también piden que se reabra, de cara a que el juzgado averigüe si hay algún bien o dinero para embargar. Si el deudor ya ha muerto, algo que no es excepcional en demandas de hace décadas, hay que realizar por parte del juzgado la que se denomina como sucesión procesal, de cara a conocer quién o quiénes son los herederos del fallecido y hacerles la oportuna notificación por si se quieren personar en el procedimiento. Porque sí, los pleitos también se heredan y es ese sucesor quien tiene que responder si hay una reclamación. Aunque las deudas no prescriben, puede haber una excepción. Es la denominada doctrina jurídica del retraso desleal. De forma muy genérica, es la que entiende que una pretensión no puede ejercitarse (la reclamación de una deuda por ejemplo) cuando no se hace valer durante un muy prolongado período de tiempo.
