La Valedora do Pobo de Galicia ha abierto una investigación para tratar de esclarecer si las condiciones de las viviendas de la calle Privada Moderna de O Calvario son acordes a las exigidas por la Xerencia de Urbanismo del Concello de Vigo. La investigación de oficio de este órgano constitucional nace a raíz de la publicación de FARO en el día de ayer sobre las “presiones” que reciben seis familias para abandonar sus hogares por parte de su casero: la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).
Vecinos de O Calvario cargan contra la Sareb: “Quieren echarnos por las malas”
Fuentes de la Valedoría así lo han confirmado a este periódico y apuntan que la investigación se centrará en revisar si la Sareb ha cumplido el auto judicial de 2018 que le obligaba a “ejecutar las obras urgentes de seguridad durante la tramitación del pleito” que el banco malo ha desencadenado al negarse a cumplir con los parámetros exigidos por Urbanismo en su Inspección Técnica de Edificios.
Una segunda multa coercitiva
De hecho, la defensa jurídica de las familias, encabezada por el letrado Fernando González, recibió ayer la notificación de que la Sareb ha sido sancionada por segunda vez por el “incumplimiento de una orden de adopción de medidas urgentes de seguridad”. La cantidad es el doble que el de la primera multa aunque los motivos son diferentes. Esta vez, la sanción es de dos mil euros. Los motivos son claros en el texto que firma Urbanismo: “A la vista del amplio tiempo transcurrido, del peligro inminente que el continuo deterioro de la construcción de referencia supone para la seguridad de las personas y de los bienes y dado que en la resolución de orden de adopción de medidas urgentes de seguridad, recaída en el expediente de orden de ejecución de obras”.
Esta segunda sanción llega casi cuatro años después de que un auto del Juzgado número 1 de lo Contencioso Administrativo de Vigo que obliga explícitamente al banco malo a ejecutar esas “eventuales obras urgentes de seguridad”. “Le sale barato la guerra judicial”, apuntan fuentes de las defensas de los vecinos.
¿Qué dice la Sareb?
La orden de Urbanismo, ratificada por el magistrado, surge a propósito de subsanar ciertos riesgos para las personas que todavía viven en la urbanización de la calle Privada Moderna. Fuentes de la Sareb consultadas por FARO justifican que no hayan ejecutado tales obras porque “no pueden hacerlo mientras los vecinos estén dentro”.
El argumento de esta entidad con participación mayoritariamente pública difiere de los aportados por Urbanismo. Por ejemplo, la Xerencia pide que se acometan acciones para evitar la caída de elementos del edificio a la vía pública o patios interiores, cuya solución pasa por la “colocación de vallados o bandejas de protección, desmontaje o retirada de los elementos que presenten un riesgo inminente de caída, instalación de andamios, etc.”. Según la Sareb, para este tipo de actuaciones, es necesario que los vecinos abandonen sus casas. También para “evitar la entrada de agua en la propia finca y las colindantes, mediante protección provisional en las zonas de la cubierta y fachada más deteriorada”.
Las mismas fuentes de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria afirman –sin ningún documento que lo acredite– que, durante estos años de negociaciones, se les ofreció a los vecinos viviendas en el Casco Vello con las mismas condiciones: contrato vitalicio, subrogación de rentas y características materiales mejores. Tanto la defensa de los vecinos como ellos mismos lo niegan tajantemente: “Que lo demuestren”.