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El 80% de las familias que viven de alquiler solo pueden comprar pisos de protección

Sus ingresos les privan de optar al mercado libre, en el que el precio medio del m2 está en 2.050 euros | Fegein pide la edificación urgente de más de 10.000 viviendas asequibles

Edificio en alquiler FDV

Comprar una vivienda en Vigo se ha convertido en una yincana cada vez más compleja. La falta de oferta a precios asequibles debido, en parte, a la escasa actividad constructiva derivada del retraso del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), sumada al nivel de ingresos –la media de una unidad familiar en el municipio olívico está en 2.250 euros, 991 euros por persona–, componen una ecuación preocupante. Según un informe elaborado por la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) y la Asociación de Empresas Inmobiliarias de Vigo (Asemi), más de 25.000 familias –casi un 80 del total– que viven de arrendamiento únicamente pueden optar a una vivienda en propiedad de protección oficial en cualquiera de sus tres vertientes: régimen especial, general o concertado. Tan solo 7.000 familias que viven de alquiler tienen capacidad económica para aspirar a hacerse con un hogar del mercado de vivienda libre.

“Si la inflación se prolonga en el tiempo, podría acabar erosionando el ahorro acumulado de los hogares vigueses. Eso provocaría más dificultades de acceso a la vivienda a corto plazo. Y hay que tener en cuenta que todavía no se ha repercutido la inflación actual y venidera en los precios de la vivienda”, reflexiona el presidente de ambas entidades, Benito Iglesias. Advierte de que la ciudad necesita “con urgencia, sin dilación” más de 10.000 viviendas de protección oficial “únicamente para poner a disposición de sus propios habitantes como plan de choque” con el objetivo de “atender las necesidades de quienes no pueden tener una vivienda en propiedad en el mercado libre”. “Es gente que, además, tiene que asumir un coste del alquiler considerable”, apunta. El dato que resume este panorama: más del 44% de las familias viguesas llegan “con dificultad” o “mucha dificultad” a fin de mes.

Un 48% tienen su vivienda ya pagada o heredada: más de 56.000 hogares

El precio medio del metro cuadrado en Vigo alcanza ya los 2.050 euros en el circuito de compraventa de vivienda tanto nueva como usada: un piso de 100 metros cuadrados cuesta más de 200.000 euros. El metro cuadrado es unos 700 euros más caro que hace siete años –más de un 50%–. En el de alquiler, el metro cuadrado asciende a 9,1 euros: una propiedad de 50 metro cuadrados se arrenda a más de 450 euros mensuales. Son cifras que encabezan la clasificación a nivel autonómico y van en aumento. El importe medio de los arrendamientos en Galicia alcanza los 448 euros al mes este año, un 23% más que en 2015, según los últimos datos del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS). El encarecimiento es más pronunciado en la mayoría de los grandes concellos. Un 31% en Vigo, hasta los 536 euros, porcentaje que se sitúa en un 28% en A Coruña (533) o un 40% en Pontevedra (506).

El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo, aprobado de manera inicial a finales del pasado mes de agosto, contempla la construcción de unas 14.500 viviendas de protección oficial desde su entrada en vigor y en 15 años. Es la hoja de ruta que establece este instrumento para los próximos tres lustros. Su validación definitiva se espera en 2023. “Son suficientes para que actúen como plan de choque. Contempla la ejecución de cinco ámbitos de suelo dedicados íntegramente a la construcción de viviendas protegidas.

R. Grobas

La promoción de Tomás Alonso, lista para 2023. La calle Tomás Alonso presumirá en 2023 de una nueva promoción de viviendas con la firma de Avantespacia, la división inmobiliaria del grupo Inveravante. El complejo residencial, ubicado en la parcela que se extiende entre los números 91 y 111, sumará 62 pisos y áticos de dos a cuatro dormitorios con plaza de garaje y trastero, balcón o terraza, según la tipología. Se entregarán a lo largo del próximo año. Los precios actuales sin IVA ni gastos: 210.000 euros (94,21 m2 construidos), 250.000 euros (115,85 m2) y 470.000 euros (151,92 m2). Al lado, se está ejecutando una residencia de mayores.

“Desde Asemi y Fegein, solicitamos a las diferentes administraciones que las viviendas de protección oficial se promuevan en colaboración público-privado como carga de trabajo al sector y el formato de cooperativas de viviendas de protección autonómica es el vehículo idóneo”, anota Benito Iglesias. El proyecto de vivienda de protección con más envergadura en Vigo es la ampliación de Navia, con unas 1.600 viviendas de protección.

Según la información que recoge el informe de Fegein y Asemi, el 20,5% de los vigueses tienen una hipoteca contratada actualmente, es decir, más de 23.500 unidades familiares. En alquiler, viven el 28%: más de 32.000 familias. Y el 48% tienen su vivienda en propiedad pagada o heredada: más de 56.000 unidades familiares. Una cuarta parte de la población viguesa habita en una vivienda que necesita una reforma sustancial o rehabilitación para poder tener unas condiciones óptimas de habitabilidad. El 31%, unas 36.000 familias, residen en una vivienda con más de 50 años de antigüedad.

Nueve de cada 10 menores de 29 años de Vigo, sin capacidad para emanciparse

Un 88%. Es el porcentaje de jóvenes menores de 29 años de la ciudad olívica que no tienen capacidad para emanciparse. Fegein y Asemi apuntan al precio de la vivienda y a sus salarios, que no se corresponden con el coste de tener un techo en propiedad o disfrutarlo en alquiler. La única opción para unos pocos es, como anota Benito Iglesias, el arrendamiento: “En muchos casos, solo queda el alquiler compartido para dejar la casa de sus padres”.

José Francisco Durán, profesor de Sociología en la Universidad de Vigo, expone las cuatro razones principales que provocan esta situación, que se suman al precio de la vivienda: el desempleo juvenil o la dificultad para integrarse en un trabajo que ofrezca estabilidad; la prolongación de la vida académica –y la consiguiente demora en la incorporación al mercado laboral–; la falta de razones familiares que impulsen a los jóvenes a salir de su familia –recuerda que, en algunos casos de generaciones anteriores, los contextos familiares autoritarios o rígidos no les permitían hacer la vida que deseaban, a diferencia de lo que ocurre ahora–; y la inexistencia de un estímulo para formar una familia con una pareja estable: “Actualmente, eso ya no es sinónimo de haber logrado algo en la vida, de haber triunfado”.

Durán destaca que la tendencia es que la espera para independizarse se siga “alargando”.

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